FIDEL MASREAL / BARCELONA
ROGER SEGURA / LLEIDA

Lleida se convertirá mañana en la primera ciudad de España que restringe el uso del velo integral. La prohibición quedará circunscrita a los equipamientos y espacios municipales, pero no afectará a la vía pública, de acuerdo con la recomendación hecha por los servicios jurídicos municipales en un informe encargado por el alcalde, el socialista Àngel Ros, para saber cómo y dónde se puede limitar el uso de esta prenda sin contravenir derechos.
La prohibición afectará a todo tipo de equipamientos municipales, como mercados y centros cívicos, deportivos, culturales y educativos, según fuentes de la alcaldía. Ros justificó la medida apelando a valores «irrenunciables» como la igualdad entre sexos y el respeto a la mujer. De acuerdo con estos conceptos se ha redactado el texto de la moción que se aprobará mañana en el pleno municipal.
La Paeria cifra en una veintena las mujeres que usan el velo integral en la capital del Segrià. Según la comunidad islámica de Lleida, son solo una docena. Precisamente, el portavoz de esta entidad, Abdul Karim, advirtió ayer de que recurrirá el veto municipal ante el Tribunal Constitucional. En declaraciones a la agencia ACN, Karim opinó que, si se prohíben el burka o el niqab, debería hacerse lo mismo con «los hábitos de las monjas o de algunos curas».

MIRANDO A CIU Y AL PP/ El alcalde de Lleida fue incluso más allá de la moción que aprobará mañana la ciudad e instó a la Generalitat y al Gobierno central a que regulen por ley el uso del velo integral en la calle. Y es que el debate trasciende la capital del Segrià. La dirección del PSC aplaude la prohibición del niqab porque permite al partido marcar un perfil político contundente en este campo. Se trata, según fuentes de la cúpula socialista, de no ceder a CiU y al PP la exclusiva de un discurso firme respecto a ciertas consecuencias del fenómeno migratorio. Discurso que nacionalistas y conservadores han desplegado ante conflictos como el del padrón en Vic. El PSC ve en el veto del velo integral una vía ideal para marcar un perfil de firmeza compatible con la aceptación del hiyab, la prenda que cubre la cabeza pero no el rostro.
Los socialistas, sin embargo, no planean extender, al menos por ahora, la opción prohibicionista más allá de Lleida. La Federació de Municipis, que agrupa mayoritariamente a alcaldes de este partido, guardó ayer silencio. Y el presidente de la Associació Catalana de Municipis, el convergente Salvador Esteve, explicó que ningún consistorio se ha interesado por seguir el camino de Lleida. Esteve cree que regular una práctica minoritaria puede suponer «buscar problemas».
En un sentido similar se expresó ayer el presidente de la Generalitat, José Montilla, quien no consideró conveniente una prohibición global de la práctica para «no crear un problema». El president sí se manifestó claramente contrario al uso del velo integral en la calle y se preguntó si sería de recibo que la gente fuera encapuchada por la vía pública.

DERECHOS O VOTOS / En cambio, el secretario de Immigració del Gobierno catalán, Oriol Amorós, se mostró ayer muy crítico con la decisión de Lleida y se preguntó qué está en juego en realidad: «¿Los derechos de las mujeres o los votos?». Amorós, de ERC, considera contraproducente impedir la entrada de mujeres con niqab a oficinas locales. A su juicio, la participación de estas mujeres en cursos municipales de idiomas, de derechos y de socialización es «la vía para que aprendan a quitarse el niqab ellas mismas».
Amorós recordó que si el velo integral es usado bajo coacción, ya existen bases legales para perseguirlo. Cuando la mujer decide libremente utilizar esa prenda, el responsable de Immigració insistió en que debe ser ella la que opte por quitárselo «en la medida en que viva el proceso migratorio como un proceso de emancipación».
En un sentido similar se expresó Mercè Amor, responsable del Espai Dona de la asociación de inmigrantes Ibn Batuta, conocedora de mujeres que usan el niqab. Amor opinó que prohibirlo «provocará que se queden en casa y entonces seguro que no se lo quitan». Mohamed Halhoul, del Consell Islàmic de Catalunya, también juzgó contraproducente la regulación. A su juicio, deben prevalecer la libertad personal y la religiosa.