Desde SOS Racismo venimos observando con preocupación el goteo constante de noticias que informan sobre operaciones policiales en las que se han desarticulado redes de trata de mujeres para fines sexuales, sin contar en cambio en qué situación quedan estas mujeres. Esta semana se han confirmado nuestras sospechas de que, lejos de protegerlas debidamente, incluso se las está persiguiendo.

Dice una de estas noticias Desmantelada una red de explotación sexual que utilizaba ritos de vudú, tras informar sobre la detención de 19 supuestos proxenetas: “Hasta 54 víctimas de la red fueron también arrestadas por los agentes por infracción a la Ley de Extranjería, al carecer de permisos de trabajo o residencia en España”.

No es algo nuevo que el Gobierno español anteponga la persecución a las mafias a la protección incondicional que merecen las víctimas. Ya denunciamos en su día que incluso el Plan Integral contra la Trata, que supone un importante avance para combatir esta forma de explotación, establece que sólo se protegerá a las mujeres que decidan (durante un exiguo periodo de reflexión) cooperar con las autoridades (o sea, denunciar a los proxenetas). Esto se ha incluido también en la nueva reforma de la Ley de Extranjería. Si nos parece inaceptable que se pongan condiciones a la protección de las mujeres, es más indignante aún que se las detenga anteponiendo su condición de inmigrantes irregulares a la de víctimas de explotación sexual.

Ante una noticia como la de ayer, nos preguntamos cuántas mujeres víctimas de trata han sido detenidas, se les han abierto órdenes de expulsión, ingresadas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o incluso deportadas. Exigimos al Gobierno que ofrezca esos datos y que pare este proceder. Exigimos que inste a la policía a no tomar medidas contra estas mujeres por su situación administrativa, y que en cambio garantice protección y atención plena, sin condiciones.

La Ley de Extranjería no sólo no sirve para combatir la trata, sino que la alimenta de múltiples maneras. Obstaculiza que las mujeres migren de forma autónoma, (por lo que recurren a las redes), y limita sus opciones de trabajo a los sectores de limpieza, cuidados y prostitución. Lo primero que hacen las mafias es retenerles el pasaporte para controlarlas y amenazarlas con que si huyen serán detenidas por estar indocumentadas. Y, sobre todo, el miedo real a ser expulsadas les frena a la hora de acudir a la policía. Por todo ello afirmamos que no se puede combatir la trata sin cuestionar las leyes de extranjería, y que estas normativas son un obstáculo fundamental para la consecución real de la igualdad de todas las mujeres y hombres, sea cuál sea su procedencia.

Por último, pedimos a las autoridades y a los medios de comunicación que eviten alimentar en las noticias sobre la trata de mujeres una realidad dramática que provoca una lógica alarma social el prejuicio que asocia inmigración con delincuencia. Recordamos que fenómenos como la trata no tienen nada que ver con la inmigración asentada que está construyendo esta sociedad, sino con la internacionalización y globalización de las actividades delictivas. Sin embargo, dar el dato de la nacionalidad de los detenidos puede alimentar los estereotipos negativos que rodean a comunidades de inmigrantes.
las claves

¿Yahora qué? En los tiempos que corren, con los ajustes a la puerta de casa y urgidos por la situación de pobreza para tantos, urge el planteamiento político; es decir, el que aclara cómo movilizarse civil y políticamente, y en torno a qué objetivos y estrategias, a sabiendas de que la realidad es de antagonismo de intereses en gran medida. Aquello de que el análisis marxista ha muerto para instalarse el de la combinación de intereses, de cuya suma surge el bien común con ventaja para todos y con sacrificios menores, es una falacia.

El movimiento social y político exige hoy sacrificios personales y objetivos materiales que deberían perjudicar a quienes acumulan propiedad, dinero y poder; o a los que viven en su entorno con responsabilidades, trabajos, tareas y encargos que los sostienen.

En las sociedades modernas hay un tercio de semi-exclusión y otro de amenazados cuya suerte está ligada a que haya otro modelo social y económico. Para ellos no hay ninguna otra salida justa por el camino de más de lo mismo. Por eso creo que todos tenemos que definirnos pero, sobre todo, partidos, sindicatos y movimientos sociales, no sólo sobre Zapatero o sobre qué es de lo mío, sino de qué lado nos ponemos en la lucha por un pacto social más justo, a partir de quienes están peor.

Esa intención hay que traducirla a presión y negociación, en España y en Europa, con plataformas reivindicativas alrededor de medidas que preserven primero los mínimos vitales y derechos de los más débiles, y desde ahí sumar los demás intereses y mínimos.

El contra-argumento de que esto nos empobrece a todos es la manera más extendida de evitar toda pregunta sobre por qué pasa eso, es decir, qué riqueza, qué progreso, qué libertades y, sobre todo, qué intereses damos por hecho que son irrenunciables cuando nos va bien en la vida y estamos en posiciones de alto consumo y seguros ante el futuro.

A pesar de la injusticia tan extrema del momento, el pacto es mejor que cualquier otro camino para hacer acopio de fuerzas sociales, para reunir muchos intereses populares de difícil encaje y para ganar campamentos-base en el sometimiento de la gran montaña del dinero y los mercaderes.

La moralidad está en la estrategia a seguir, qué no cause más daños de los que evita, no en el reconocimiento de que hay muchos y fundamentales intereses antagónicos. Desde el movimiento civil y social a la presión política por una pacto social distinto y más justo en nuestros pueblos y en todos.

¿Y la Iglesia? Siempre surge esta pregunta entre la gente a la que pertenezco. Ya he dicho que, socialmente hablando, es una institución y movimiento al que le reta la misma urgencia moral y política de elegir de qué lado quiere estar. Muchos intereses materiales y éticos son antagónicos, y hay que tomar postura inequívoca desde los más pobres y marginados. Sin paternalismos baratos hacia los pobres, exigiendo su responsabilidad, pero con sinceridad moral y política de que la justicia social y, por ende, les debe una oportunidad que el dinero y los mercados no tienen derecho a frustrar, y lo están haciendo.

Es el pecado social, las estructuras de pecado en su máxima expresión, el pecado hecho horma y ley, que aplasta las conciencias y la dignidad de las víctimas. También la de los victimarios, en otro sentido, pero sin pervertir el orden de las cosas sobre cuál es la injusticia y el mal más radical, aquel que de tejas abajo nos reta sin plazo alguno: Porque tuve hambre y me disteis de comer… ¿Cuándo, Señor, te dimos de comer? Seguimos pensando .

No se puede combatir la trata de mujeres sin cuestionar las leyes de extranjería