desde SOS Racismo venimos observando con preocupación el goteo constante de noticias que informan sobre operaciones policiales en las que se han desarticulado redes de trata de mujeres para fines sexuales, sin contar en cambio en qué situación quedan estas mujeres. Esta semana se han confirmado nuestras sospechas de que, lejos de protegerlas debidamente, incluso se las está persiguiendo.

Dice la noticia: Desmantelada una red de explotación sexual que utilizaba ritos de vudú (El País, 24-05-2010), tras informar sobre la detención de 19 supuestos proxenetas: “Hasta 54 víctimas de la red fueron también arrestadas por los agentes por infracción a la Ley de Extranjería, al carecer de permisos de trabajo o residencia en España”.

No es algo nuevo que el Gobierno español anteponga la persecución a las mafias a la protección incondicional que merecen las víctimas. Ya denunciamos en su día que incluso el Plan Integral contra la Trata, que supone un importante avance para combatir esta forma de explotación, establece que sólo se protegerá a las mujeres que decidan (durante un exiguo periodo de reflexión) cooperar con las autoridades (o sea, denunciar a los proxenetas). Esto se ha incluido también en la nueva reforma de la Ley de Extranjería. Si nos parece inaceptable que se pongan condiciones a la protección de las mujeres, es más indignante aún que se las detenga anteponiendo su condición de inmigrantes irregulares a la de víctimas de explotación sexual.

Ante una noticia como la de hace unos días, nos preguntamos cuántas mujeres víctimas de trata han sido detenidas, se les han abierto órdenes de expulsión, ingresadas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o incluso deportadas. Exigimos al Gobierno que ofrezca esos datos y que pare este proceder. Exigimos que inste a la Policía a no tomar medidas contra estas mujeres por su situación administrativa, y que en cambio garantice protección y atención plena, sin condiciones.

La Ley de Extranjería no sólo no sirve para combatir la trata, sino que la alimenta de múltiples maneras. Obstaculiza que las mujeres migren de forma autónoma (por lo que recurren a las redes), y limita sus opciones de trabajo a los sectores de limpieza, cuidados y prostitución. Lo primero que hacen las mafias es retenerles el pasaporte para controlarlas y amenazarlas con que si huyen serán detenidas por estar indocumentadas. Y, sobre todo, el miedo real a ser expulsadas les frena a la hora de acudir a la Policía. Por todo ello afirmamos que no se puede combatir la trata sin cuestionar las leyes de extranjería, y que estas normativas son un obstáculo fundamental para la consecución real de la igualdad de todas las mujeres y hombres, sea cual sea su procedencia.

Por último, pedimos a las autoridades y a los medios de comunicación que eviten alimentar en las noticias sobre la trata de mujeres una realidad dramática que provoca una lógica alarma social el prejuicio que asocia inmigración con delincuencia. Recordamos que fenómenos como la trata no tienen nada que ver con la inmigración asentada que está construyendo esta sociedad, sino con la internacionalización y globalización de las actividades delictivas. Sin embargo, dar el dato de la nacionalidad de los detenidos puede alimentar los estereotipos negativos que rodean a comunidades de inmigrantes.