Adrián tenía 21 años, una novia de 19, un hermano de 22 con el que había compartido largos años de adolescente soledad en Cochabamba (Bolivia), mientras sus padres buscaban, primero en Madrid, después en Navarra y los últimos seis meses en Barakaldo, la forma de sacar la vida familiar adelante. Hace un par de años, los dos hermanos viajaron a España para la reagrupación. La madrugada del 15 de mayo pasado, Adrián fue asesinado cuando se dirigía a casa con su hermano después de pasar unas horas en una discoteca de Barakaldo, como tantos jóvenes.
He tenido el honor de conocer a la familia y quiero reclamar que ellos también son víctimas. No del terrrosimo de ETA, pero sí del terrorismo callejero. La Ertzaintza no informó a los padres del asesinato de uno de sus hijos ni de que el otro luchaba por sobrevivir en el hospital de Cruces. Fueron esos dolientes padres quienes se dirigieron a la comisaría. Nunca les pidieron perdón. ¿Se imaginan lo que habríamos hecho y dicho cualquiera de nosotros?
Tampoco el alcalde de Barakaldo o algún cargo municipal les llamó ni ese día ni hasta ahora para expresarles su condolencia. Son vecinos empadronados en la localidad y la institución no ha protegido su seguridad. Ni siquiera se interesó una de tantas ONG que presume de defender los derechos de los inmigrantes. No pudieron recuperar el cadáver del hijo del Institituto Anatómico Forense de Bilbao hasta que recibieron la ayuda económica de los servicios sociales del Consistorio. Y, como no fue suficiente, pidieron un préstamo al banco. El cura llegó tarde al tanatorio y tampoco se disculpó.
¿Habría sido lo mismo si las víctimas no fueran inmigrantes? ¿Y si los asesinos pertenecieran a ETA? La respuesta es no. ¿Son acaso estas víctimas de segunda o tercera categoría, como antes lo fueron aquéllas? ¿No se merecen respeto, consuelo… permanecer en la memoria? ¿No son inocentes todos estos muertos?