Los divorciados sin recursos que se vean obligados a regresar al domicilio familiar podrán solicitar la renta básica, el salario al que tienen derecho quienes no disponen de ingresos o tienen un sueldo bajo. También podrán hacerlo quienes hayan sido desahuciados de su vivienda como consecuencia de la crisis. Son los dos nuevos supuestos contemplados en la regulación de esta prestación de entre 650 y 923 euros y que ya perciben casi 53.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca.

Eso sí, las exigencias de austeridad llegadas desde el Gobierno de España han empujado a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, a renunciar a una de sus apuestas políticas más importantes: extender el derecho de percibir la renta de garantía de ingresos a los jóvenes que abandonan un centro de menores. «Es más importante consolidar y no poner en cuestión los derechos que ya existen que crear nuevos supuestos», alegó ayer Zabaleta, que había defendido esta opción frente a las continuas críticas de las tres diputaciones.

Con este cambio de planes, el Ejecutivo autonómico se ahorrará una cantidad anual cercana a los 7.800 euros por cada uno de los potenciales beneficiarios, el equivalente a doce pagas de 650 euros. En un principio, se calculaba que los posibles solicitantes podrían ser entre 250 ó 300, aunque no hay cifras oficiales. En cualquier caso, Zabaleta señaló que esta decisión no supondrá dejar a su suerte a estos jóvenes de entre 18 y 23 años, que, en su mayoría, son inmigrantes no acompañados.

«Tenemos preparado un programa de inclusión activa para ellos», recordó la consejera. Este servicio de tutelaje, encaminado a mejorar la formación para facilitar el acceso a un empleo, se iniciará después del verano. Además, este grupo de jóvenes seguirá teniendo a su disposición los servicios de emancipación que ofrecen las diputaciones una vez finalizada su estancia en centros de acogida.

Por otro lado, en el decreto aprobado ayer, y como ya sucede con la prestación complementaria de vivienda la ayuda al alquiler, se limita a dos el número de perceptores por domicilio. La intención es «combatir el hacinamiento» y evitar que se acumulen en un solo hogar «cuatro o cinco» personas que cobren de los servicios sociales. El resto de condiciones para acceder a esta prestación se mantienen intactos. Así, sigue siendo obligatorio firmar un convenio de inclusión en el que quien solicita la ayuda se ha de comprometer a seguir las pautas que le marca la Administración para poder cobrar la paga mensual. La advertencia es clara: a quienes no busquen empleo se les retirará la ayuda.

Hasta ahora, el grado de cumplimiento de estos contratos era insuficiente según ha reconocido en varias ocasiones la propia Zabaleta. Por ello, el Ejecutivo trabaja ya en la redacción de un nuevo decreto para regular los convenios de inclusión de una forma más «exigente».

Además de la firma de este documento, es preciso llevar empadronado en algún municipio vasco al menos un año y tener más de 23 años, con las excepciones de aquéllos jóvenes dependientes, discapacitados o con menores a su cargo. El patrimonio máximo que se puede disponer es «cuatro veces la cuantía anual» que se perciba, es decir, 32.100 euros para quienes cobran lo mínimo (650 euros) y 44.400 para quienes se lleven el máximo (923 euros). La vivienda habitual está exenta en este cálculo.

Por otro lado, y según explicó Zabaleta, el nuevo decreto pretende reforzar el papel de esta renta como complemento para quienes ya disponen de un salario propio, por bajo que sea. A día de hoy, son ya unas 17.000 personas quienes lo hacen, además de los casi 20.000 que utilizan esta ayuda como suplemento de sus pensiones.

Para acceder a esos estímulos no es necesario tener firmado un contrato, ya que la Administración admitirá un documento firmado por el empleador en el que se recoja una persona percibe regularmente un salario. Con esta decisión, el Gobierno vasco quiere reflotar ciertos sectores tradicionalmente precarios, como el de las empleadas del hogar.

Estas ayudas se solicitan en los servicios sociales de base de los ayuntamientos, aunque a partir del año que viene la tramitación se trasladará a las oficinas de Lanbide.