Bilbao/Gasteiz. El Gobierno vasco ha descartado finalmente hacer extensible la renta de garantía de ingresos a todos a los jóvenes de 18 años que hasta ese momento habían estado tutelados por las diputaciones. En total habrían sido cerca de mil euros, al sumar esta prestación económica y el complemento de vivienda. El anuncio de la medida generó un rotundo rechazo por parte de los tres entes forales vascos y algunas asociaciones del tercer sector, alertando de la desincentivación laboral y formativa que podría generar en este colectivo, y el colapso de los servicios a menores. Ahora, el departamento que dirige Gemma Zabaleta ha echado marcha atrás y no aplicará la medida, una postura que ha sido valorada positivamente por las tres diputaciones.

El Gobierno vasco aprobó ayer el nuevo decreto que regulará la Renta de Garantía de Ingresos, la antigua Renta Básica, una ayuda económica dirigida a las personas mayores de 23 años integradas en una unidad de convivencia que no tengan ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social. Actualmente, 52.849 familias de la CAV se benefician de estas prestaciones económicas.

La propia consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, había anunciado que esta ayuda, que en principio sólo se concede a los mayores de 23 años, se iba a extender también a los jóvenes acogidos en centros forales al cumplir la mayoría de edad. El Gobierno vasco tomó esta decisión de forma unilateral, en contra de los criterios de los representantes forales, municipales y de algunas asociaciones del tercer sector, que alertaban de los efectos perversos que podría tener la medida: la desincentivación del mercado laboral y formativo, un agravio comparativo con el resto de jóvenes y un probable efecto llamada para los menores inmigrantes. Las tres diputaciones llegaron incluso a remitir una carta conjunta a la consejera, en la que alertaban del “grave colapso” que sufrirían los sistemas de protección de menores de seguir adelante con el planteamiento, así como su preocupación por que el modelo para estos jóvenes fuera cumplir la mayoría de edad en un centro foral con el objetivo de cobrar esta prestación, y no los programas socioeducativos que desarrollan las diputaciones. Finalmente, el Gobierno de Patxi López ha dado marcha atrás en su pretensión, recogiendo de esta forma el planteamiento de las diputaciones. En principio, la consejera justificó la decisión de no incluir nuevos perceptores por la actual situación de crisis económica, un momento en el que “al Gobierno le parece más importante consolidar los derechos que ahora existen que avanzar en una expectativa que generaría un nuevo derecho”. No obstante, Zabaleta aseguró que estos jóvenes no quedarán “desamparados”, que se cooperará con las diputaciones para evitar esta situación y que, de ser necesario otro tipo de apoyos, se desarrollarán a través de asociaciones del tercer sector. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales recalcó que la intención de su Departamento es poner en marcha un programa de inclusión activa para el colectivo de jóvenes tutelados que, al cumplir los 18 años, abandonan el amparo de las instituciones, para evitar que puedan caer en la exclusión social, aunque por el momento no está definido.

Valoración muy positiva Esta recapitulación ha sido muy bien recibida por las tres diputaciones forales. Desde Bizkaia, el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, se congratuló de que finalmente “el Gobierno vasco haya decidido escuchar la voz de las diputaciones”, mientras que en Araba y Gipuzkoa el anuncio fue valorado de forma “muy positiva”.

El responsable vizcaino de Acción Social quiere creer que el nuevo planteamiento “va más allá de la simple coyuntura económica actual” y ha sido adoptado “tras un proceso de reflexión compartido entre las diputaciones y el Gobierno vasco. Finalmente ha visto que era conveniente no iniciar un camino que no era compartido por quienes iban a tener la competencia para gestionar ese ámbito”. Juan María Aburto recordó que, desde el principio, las diputaciones se habían opuesto a esta medida porque desincentiva el futuro laboral y formativo de estos jóvenes, a los que ahora en Bizkaia se les ofrece un programa socioeducativo, y por considerar que iba a ser un agravio comparativo con el resto de la juventud. “Creemos que el modelo no es una prestación económica de ese calibre, sino seguir trabajando con los jóvenes a partir de los 18 años a través de un proyecto de emancipación socio – educativo tendente a una inserción laboral”, defendió. Así, apostó por ahondar en el trabajo conjunto entre todas las instituciones, “con una línea de servicios sociales en los que participamos instancias diversas de las administraciones vascas. El punto de encuentro es absolutamente necesario”, subrayó.

La Diputación guipuzcoana también valoró de forma positiva la decisión. En este sentido, recordaron que “siempre hemos visto que no era una buena medida” y recalcaron su apuesta por “una atención más integral a estos jóvenes, con un itinerario formativo adecuado”. En este mismo sentido se posicionó también la Diputación alavesa, para quien esta medida únicamente serviría para crear “personas subsidiarias” y que apuesta por un apoyo que vaya “más allá de una mera prestación económica”.