La crisis económica está provocando que muchos inmigrantes que residen legalmente en España con un contrato de trabajo de países ajenos a la Unión Europea sean expulsados cuando se quedan sin empleo. Ayer, a propuesta de Gaspar Llamazares (IU) y con la única oposición del PP, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a que estudie este problema y dé «una respuesta adecuada».

Llamazares proponía que, para evitar esas situaciones, sean válidos los contratos de trabajo de inmigrantes no comunitarios siempre que estén legalmente empadronados en España.

Finalmente pactó con el PSOE una enmienda que fue aprobada por todos los grupos en la Comisión de Trabajo e Inmigración en la que se insta al Gobierno a estudiar el problema que supone para muchos inmigrantes la llamada «irregularidad sobrevenida», en la que se encuentran cuando pierden el trabajo.

Llamazares, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), también pidió y logró que el Congreso inste al Gobierno a reforzar la Inspección de Trabajo, para evitar la explotación de los inmigrantes «en aquellos sectores y zonas geográficas más susceptibles» de que eso ocurra.