Josep Playà
Es necesaria una ordenanza en una ciudad de dos millones de personas para prohibir que una docena de ellas vaya con una vestimenta que nos parece inadecuada? De nuevo se repite la sensación de que la política local va por unos derroteros ajenos a la realidad, como acaba de demostrarse con la consulta de la Diagonal. Claro que uno puede pensar que lo que importa es reafirmar el compromiso de laicidad y la libertad de la mujer con una norma que evite imposiciones. Es un argumento, aunque como contrapeso debería valorarse también lo que supone de incentivo a otra polémica con el mundo musulmán.

De todos modos, parece bastante claro que los ayuntamientos no tienen competencia para regular el uso de símbolos o indumentarias religiosas, ya que excede su marco competencial, según expertos como Àlex Seglers, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universitat Autònoma de Barcelona. Y menos en la esfera pública, calles o domicilios. Podrían hacerlo en edificios o locales oficiales pero sólo como norma de seguridad, lo cual significa tanto la prohibición de ir con burka como con un casco de moto. Lo que no pueden hacer los ayuntamientos es incidir en cuestiones religiosas porque lo impide la Constitución. Bastante trabajo tienen ya los ayuntamientos tras el recorte de las ayudas para la acogida de inmigrantes como para meterse ahora en camisas de once varas.