El juzgado de Carlet ordenó ayer el ingreso en prisión sin fianza de F.S.M., abogado, ex cargo público en el Gobierno autonómico de 1983 y ex letrado de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, por supuestos delitos contra inmigrantes. Fue detenido el pasado lunes junto a otras cuatro personas, dos magrebíes y dos empresarios. Además ha sido imputada una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Valencia que, tras prestar declaración, fue puesta en libertad sin cargos. Ayer, pasaron a disposición judicial y la magistrada decretó el ingreso en prisión para el abogado y un magrebí, e imputó a los seis por delitos como falsificación de documento público, delito contra los derechos de los trabajadores, delito de inmigración de irregular y cohecho.

La acusación mantiene que formaban parte de una organización que estafaba a inmigrantes magrebíes y paquistaníes en los papeles de residencia y trabajo. La investigación continúa abierta. Deberá determinar el papel que la funcionaria, que negó su implicación, desempeñaba.

Estas detenciones son la segunda fase de una operación dirigida por el juzgado de Carlet con la Guardia Civil desde hace un año. El pasado febrero, el instituto armado detuvo a una docena de implicados en una estafa a ciudadanos magrebíes, a los que vendían falsos contratos de trabajo y documentos de identificación. Aquellas detenciones destaparon una trama en la que varios empresarios se encargaban de captar a magrebíes primero, y paquistaníes después, a los que prometían documentación falsa por un mínimo de 2.000 euros.

Los registros y detenciones se practicaron entonces en La Ribera, Torrent, Quart de Poblet y Valencia. Los agentes se incautaron de dinero en efectivo y papeles que acreditaban las prácticas ilegales de la trama. La investigación pretende determinar cuántas han podido ser las víctimas – inicialmente ciudadanos que ya estaban en España, pero posteriormente captados en el Magreb – y quiénes, entre ellos funcionarios consistoriales, han podido colaborar en la extensión de documentación que servía de coartada. Los empresarios detenidos tenían varias mercantiles dadas de alta que no registraban actividad alguna.

El entramado, del que es supuestamente una pieza nuclear el abogado ahora en prisión provisional, operaba desde hace, al menos, dos años.