El grave deterioro sufrido de forma lenta pero continua por el derecho al asilo y al refugio lo ha situado en peligro de extinción en Europa y, más en concreto, en el Estado español. Los refugiados, que llegan por distintas razones, se topan con políticas que en algunos casos son ejemplo de racismo institucional y alimentan el racismo social, poniendo en cuestión las bases sobre las que se construye un Estado de Derecho.

Los refugiados son personas que han tenido que huir de sus países para sobrevivir, en la mayoría de los casos obligados por una guerra o un conflicto político y son considerados tales si lo han hecho por miedo a ser perseguidos por cuestión de raza, nacionalidad, religión, ideas políticas o pertenencia a determinado grupo social, motivos a los que se han añadido los de género y violencia sexual. En la actualidad el número de refugiados o desplazados en todo el mundo alcanza los 50 millones de personas y es una exigencia ética defender su derecho de asilo, sobre todo en la autodenominada «Europa de las libertades», donde en los últimos años se han ido modificando las legislaciones con el fin de blindar sus fronteras y limitar la protección y los derechos de estas personas.

En el Estado español los últimos cambios legislativos, además de dificultar la concesión de esa protección, han criminalizado la solidaridad y alimentado el racismo social. En unas jornadas organizadas por Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Komite Internazionalistak, Bakea eta Duintasuna y Biladi en Bilbo, tanto CEAR como SOS Racismo evidenciaron la respuesta «claramente insolidaria», en palabras de Javier Canivell (CEAR), de Europa y del Estado español en materia del derecho de asilo. Un derecho que está en crisis en todo el mundo y que está siendo víctima de políticas restrictivas con las que se pretende luchar contra la inmigración irregular, ya sea la Ley de Asilo o la Ley de Extranjería.

Unas legislaciones «injustas» que, asegura Brígida Ridruejo (SOS Racismo), son ejemplo de un «racismo institucional» que alimenta los prejuicios respecto a los extranjeros el «racismo social». Una espiral que «no ayuda a crear una sociedad más justa y mejor» y ante la que la indiferencia no es aceptable.

Colombia, Sahara y Palestina son tres países con un elevadísimo índice de refugiados, muchos residentes en Euskal Herria y afectados por las legislaciones españolas. Viven conflictos muy diferentes pero con problemáticas similares en cuanto a la represión y sus consecuencias. La invisibilidad afecta a sus refugiados aunque la sensibilidad social respecto sus causas ha ido en aumento.

Hithem Abdulahaleem es uno de los más de seis millones de refugiados provocados por la creación del Estado de Israel, en 1948, y la sucesiva ocupación y usurpación de una tierra que históricamente pertenece a los palestinos, descendientes de los cananeos, filisteos y fenicios, sus antiguos pobladores, y donde hay muchos intereses geopolíticos y económicos que impiden una solución «digna y justa» para el pueblo palestino. Ahora EEUU, afirma, y antes Gran Bretaña y el Estado francés se han encargado de perpetuar la ocupación de Palestina, un territorio que Israel se lo atribuye sólo porque «Dios se lo prometió. Así de sencillo y macabro».

Incide en cómo los israelíes han conseguido convencer al mundo de que tienen derecho a ese territorio y de que los palestinos, las verdaderas víctimas, los que fueron expulsados de sus hogares y no tienen derecho a regresar, son los agresores. Y ahí sitúa a los medios de comunicación, controlados por los lobbies judíos, que se han preocupado de lavar la imagen del Estado sionista «alimentando mitos como que el territorio palestino era una tierra despoblada que necesitaba ser gobernada y que Israel es el país más democrático de la zona», y promocionando su imagen de país «solidario y humanitario» ante catástrofes como la de Haití.

El silencio cómplice

También el pueblo saharaui fue dividido y expulsado tras la invasión de Marruecos y Mauritania. La mitad, obligado a huir y a refugiarse en el desierto de Argelia; la otra mitad, a vivir bajo «la ocupación y la opresión» marroquíes. Jalil, un joven saharaui que cursa estudios universitarios en Euskal Herria, recuerda que los saharauis llevan décadas esperando resolver con un referéndum auspiciado por la ONU que no acaba de celebrarse y cuya dilación «no busca sino prorrogar y consolidar el status quo actual del pueblo saharaui refugiado y del ocupado». «Cuando intentamos decidir nuestro futuro, fuimos condenados al exilio, la guerra y la persecución», subraya.

Señala que la ONU sigue considerando al Estado español la potencia administradora del Sahara y, por lo tanto, debería ser responsable de las violaciones de los derechos humanos que se dan, pero, como sucedió en el caso de Aminatu Haidar, «Marruecos implica al Estado español como cómplice de la represión a los saharauis para evitar que diga nada». Por eso, sostiene que la vulneración de derechos se da también desde el silencio.

Mario Humberto Calixto salió hace doce años de Colombia huyendo de las amenazas de muerte, y subraya que la condición de refugiado no la da un estatuto sino la imposibilidad de regresar a su país. Es su caso desde que se viera obligado a dejar Colombia, donde la actividad política, sindical o de defensa de los derechos humanos es perseguida, lo que obliga a miles de personas a exiliarse en busca de protección. Personas a las que casi siempre se relaciona con grupos armados de oposición al Gobierno, pero que en realidad son sindicalistas, estudiantes, amas de casa, defensores de los derechos humanos…

La suya fue la segunda familia en salir del país amparada por el programa que la ONU y Amnistía Internacional pusieron en práctica en 1992 «en defensa de los defensores de derechos humanos» en Colombia, por lo que no fueron víctimas de la política migratoria del Estado español, que calificó de «denigrante, degradante y aberrante». Asegura que en su país existe «un conflicto social, político, económico, militar y de violación de los derechos y del derecho internacional humanitario» que ha provocado cuatro millones de desplazados internos y seis millones de refugiados externos, ya sea por cuestiones políticas o económicas, y más de 5.000 fosas comunes y más de 50.000 desaparecidos.