EN el lejano Oeste, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, ha lanzado el guante al promulgar la ley sobre inmigración más dura de Estados Unidos. La que un día fue tierra sin ley se convierte ahora en la más implacable contra los sin papeles. Con la nueva norma, Arizona es el primer estado del país en considerar delincuente a un inmigrante indocumentado. Por tanto, la Policía podrá detener a una persona si existe “sospecha razonable” de que se encuentra en el país de forma ilegal. Sin embargo, ¿cómo se diferencia a un ciudadano americano de origen mexicano de un inmigrante mexicano sin papeles?

La paradoja aquí es que el partido defensor de los valores individuales y en contra de la intromisión del Estado apoya una ley que obliga los ciudadanos a ir documentados, sobre todo si creen que pueden ser confundidos por ilegales. A diferencia de la mayoría de los países europeos, los estadounidenses no tienen un carné de identidad obligatorio y la Policía sólo puede pedir papeles si sospecha que la persona en cuestión ha cometido algún delito.

El sheriff gana poder aunque no sin pagar un precio. Las organizaciones defensoras de derechos y de hispanos creen que el fortalecimiento del brazo de la ley derivará en más casos de discriminación racial. Los detractores de la norma ya han retado al gobierno de Arizona a un duelo en las cortes para fulminar la legislación. De hecho, muchos académicos consideran la medida inconstitucional y ven complicado su pase por el Tribunal Supremo.

En todo caso, la ley de Arizona ha puesto en el candelero la reforma sobre inmigración en el peor momento para un debate de esta magnitud. Entre 10 y 15 millones de inmigrantes ilegales viven en el país y trabajan en la sombra. El presidente Obama estaba retrasando esta cuestión a pesar del enfado de sus votantes hispanos y no es para menos. A siete meses de las elecciones legislativas, los demócratas y republicanos están muy divididos y con muy pocas ganas de entenderse. El Partido Republicano no quiere dar ninguna satisfacción al presidente y menos una reforma bipartidista sobre un tema tan delicado. Sería una victoria para la Casa Blanca que podría dañar sus resultados en noviembre, resultados que según todas las encuestas les son muy favorables. Y si el debate sobre la inmigración ilegal se desencadena ahora será un error ya que tiene muchos tintes de convertirse en una encarnizada confrontación como lo fue en su día el de la reforma sanitaria. Este verano podría ser un calco del anterior con una nueva campaña de desinformación y mentiras.

La inmigración es un tema muy sensible y la controversia en Estados Unidos es parecida a la que vivió España en 2005 con el proceso de regularización de inmigrantes. Por un lado, los republicanos creen que es necesario reforzar las fronteras del país e incrementar la deportación de los sin papeles. Una posición similar a la adoptada por el Partido Popular de Mariano Rajoy. En su día, el líder popular aseguró que la medida del gobierno Zapatero, que documentó a más de medio millón de inmigrantes, generaría un efecto llamada sin precedentes. Muchos países europeos también protestaron por la masiva regularización.

El tiempo les dio cierta razón. En los cinco primeros meses de 2006, España recibió una avalancha de inmigrantes que llegaban a la costa con pateras. Más de 11.000 inmigrantes desembarcaron frente a los 4.700 de 2005. España y la Unión Europea tomaron medidas extraordinarias y la situación se controló.

El refuerzo de los pasos fronterizos puede frenar la entrada de sin papeles pero no resuelve el problema que ya hay dentro. Millones de inmigrantes llevan años viviendo y trabajando en los Estados Unidos y muchas empresarios se benefician de esta situación. Los demócratas quieren negociar una regularización de los inmigrantes, que tendrán que pagar sus impuestos, aprender inglés y carecer de antecedentes penales para lograr la ciudadanía. Además, plantean sanciones más drásticas para empresas que contraten a indocumentados.

Los republicanos pueden elegir negociar estas medidas o caer en el error de jugar la carta anti – inmigrante. De hecho, algunos congresistas republicanos ya han empezado a afirmar que conceder la residencia a los extranjeros ilegales significa recompensar a los que violan la ley. Además, creen que una reforma con un proceso de regularización reducirá más puestos de trabajo e incrementará el déficit estatal.

Pero el problema no son sólo los republicanos. Los demócratas de estados con altos índices de paro ya tiemblan. El mensaje puede calar en la población más perjudicada por la crisis económica y hacerles perder muchos votos en noviembre. Y sin embargo este juego puede ser peligroso para los republicanos porque con esta estrategia pueden perder el apoyo de los latinos, un electorado que cuenta cada vez con más peso.

Los congresistas hablan o callan según el rédito político de su acción. El ex candidato presidencial y senador de Arizona, John McCain, ha respaldado la polémica ley de Arizona. El que fue adalid de los derechos de los inmigrantes ha radicalizado su postura para conservar su escaño. McCain se enfrentará en las primarias republicanas con un popular locutor de radio que se ha convertido en un peligroso adversario gracias a su retórica anti – inmigrante. También el jefe del Senado, el demócrata Harry Reid, se ha movilizado para salvar su cuello y quiere aprobar una reforma de inmigración antes de las elecciones de noviembre. Reid se enfrenta a una difícil reelección en Nevada y el voto latino puede ser clave.

Las posiciones de demócratas y republicanos están, en todo caso, menos alejadas de lo que en principio puede parecer. Los demócratas también quieren aumentar la seguridad en la frontera y muchos republicanos saben que es necesario crear un camino hacía la ciudadanía para los millones de trabajadores ilegales que llevan años residiendo en el país. El presidente George W Bush, impulsor del muro de la vergüenza en la frontera con México, siempre estuvo a favor de negociar un proceso de regularización. Sin embargo, las elecciones legislativas de noviembre harán difícil el consenso necesario en esta materia.

En este duelo de posiciones, la cuestión no es saber quién aprieta más rápido el gatillo sino deponer las armas y empezar a encontrar posiciones comunes para resolver un problema que lleva años encallado e ignorado.