PEDRO SIMÓN /Madrid
Cuando lo hallaron muerto enMálaga
en los bajos del camión, por el
bolsillo de Abdoulaye asomaba –como
una lengua que saliera haciendo
burla– la tarjeta amarilla de un solicitante
de asilo admitido a trámite.
Aunque el documento confiere el
derecho de circular por el territorio
español, a Abdoulaye le ocurrió lo
que a todos los poseedores de la misma
les viene pasando desde enero.
Que tuvo que buscarse la vida por su
cuenta para salir de Ceuta.
Por eso era un sarcasmo funesto
lo de la tarjeta con los derechos que
confiere: lo de la libertad de movimientos,
lo otro, lo de más allá, bla,
bla, bla. Abdoulaye, documentado,
muerto como un conejo, en los bajos
de un camión.
El caso del marfileño ha terminado
en los tribunales y ha revelado
una biografía que evidencia lo descorazonador
del periplo migratorio.
El joven que murió el lunes tenía
20 años y salió de Costa de Marfil
huyendo de la guerra. No paró de
correr hasta Ceuta, como quien dice.
Desde que llegó, estuvo en el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes.
En octubre de 2009 solicitó el
asilo. Cuando le dieron la tarjeta
amarilla con la que poder salir a la
península, miró todo lo andado hasta
entonces. Ahora sí contaba su historia:
asesinaron a su madre. A él lo
secuestraron. Iban a reclutarlo como
niño soldado. Por eso se fue.
«Estudiaba español, era muy agradable.
Llegó con la angustia de huir
de su país y le cerraron las puertas.
Es una barbaridad lo que están haciendo
», comenta Paula Domingo,
carmelita vedruna y madre superiora
para Abdoulaye. «No se entiende
que teniendo un documento que les
da derecho amoverse, les impidan el
paso. Lo hemos denunciado en los
juzgados. Esto no puede quedar así».
Ese así se refiere a lo que está pasando
desde enero en Ceuta y Melilla,
a raíz de algunos matices que ha
traído la nueva Ley de Asilo.
Cuando un inmigrante ve admitida
a trámite su solicitud de asilo, el
Ministerio de Interior le facilita una
tarjeta amarilla que confiere libertad
de movimientos y, por tanto, la posibilidad
de saltar a la península.
Hasta enero, cuando entró en vigor
la nueva Ley de Asilo, los inmigrantes
con tarjeta amarilla subían al
ferry y viajaban a la península. Los
de Melilla, iban hastaMálaga. Los de
Ceuta, hasta Algeciras.
Llegaban al ferry, presentaban los
papeles a la Guardia Civil y les dejabanmontar.
Desde finales de enero,
la directrices cambiaron: con el mismo
documento no se permitía acceder
a la embarcación. Los más desesperados
empezaron a intentarlo
metiéndose entre los bajos de un camión.
Como hacían los sin papeles.
«No tiene sentido que una persona
autorizada a estar en España y a
moverse por el país tenga que arriesgar
su vida por algo a lo que tiene
derecho», opina Mauricio Valiente,
coordinador del servicio jurídico de
la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR). «No hay base legal
para que se lo prohíban. El chico
estaba documentado y trataba de
ejercer su derecho. Se le impidió y
hay consecuencias dramáticas. La
nueva Ley de Asilo hace más difíciles
las inadmisiones a trámite. Por
eso impiden la entrada. Es por el temor
infundado del Gobierno al efecto
llamada».
El Ejecutivo se aferra al artículo 5
de la directiva Schengen, que dice
que «España mantendrá controles
[de identidad] en las conexiones marítimas
y aéreas provenientes de
Ceuta y Melilla que tengan como
destino otro punto de España».
«Una cosa es controlar, pedir los
papeles», dicen las organizaciones
humanitarias. «Y otra es impedir el
paso saltándose la ley». El Defensor
del Pueblo y ACNUR han denunciado
el quehacer del Gobierno. CEAR
ha presentado 60 recursos de protección
de derechos fundamentales en
los juzgados por este asunto.