WASHINGTON. Todos somos Arizona, Educación, no deportación, Obama escucha, estamos en la lucha. Son algunos de los lemas coreados por centenares de hispanos frente a la Casa Blanca. Miles de personas se manifestaron en 70 ciudades de Estados Unidos para protestar contra la ley anti – inmigrantes ilegales aprobada la semana pasada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer. Un helicóptero de la emisora televisiva KABC mostró miles de personas marchando por las calles del centro de la ciudad de Los Angeles, en California. La protesta, al igual que las que se están desarrollando en el resto del país, fue convocada bajo la consigna Todos somos Arizona".

La manifestación de la capital, Washington, fue una más de las 70 convocadas en todo el país. Una protesta nacional desatada por la ley recientemente aprobada en el Estado de Arizona. Una ley que permitía a la Policía interrogar y detener a un inmigrante simplemente por su aspecto. Bastaba con que pareciera “sospechoso”.

En la concentración frente a la Casa Blanca, destacan cuatro jóvenes. Han recorrido 2.400 kilómetros a pie desde Florida. Partieron el pasado mes de enero. Desde una tribuna improvisada, exigen que se acaben las deportaciones de inmigrantes irregulares y que se permita la reagrupación de sus familias. Uno de ellos, Juan Rodríguez, colombiano, explica que ha venido para “trasladar un mensaje al presidente Obama de que tiene la responsabilidad de actuar e impulsar una reforma migratoria”. Es primero de mayo, aunque en EE.UU. la fiesta del trabajo se celebra en septiembre. Sí se puede, gritan, el equivalente español al Yes we can de la campaña electoral.

La protesta fue apoyada incluso por varios legisladores, entre ellos el demócrata Luis Gutiérrez, uno de los diputados hispanos más influyentes. “No podemos permitir que siga adelante lo que está sucediendo en Arizona, todos somos Arizona” , dijo Gustavo Torres, de la organización hispana Casa de Maryland, al convocar a la manifestación frente a la Casa Blanca. La ley de Arizona, que levantó una oleada de indignación entre las organizaciones hispanas y defensoras de los derechos civiles del país, prevé que – cuando se ponga en práctica, hacia fines de julio o principios de agosto – la policía pueda detener a personas que parezcan “razonablemente sospechosas” de ser inmigrantes ilegales.

En el corazón turístico de la capital, los estadounidenses observaron silenciosos la marcha. No muestran muchas simpatías. Karen, de Minnesota, responde que tiene “sentimientos encontrados sobre la inmigración” pero se niega a explicarlos a los periodistas. Pero pone cara de malas pulgas cuando los manifestantes reclaman su parte del sueño americano. Explica que el problema es el paro en el país: “Un 16 ó 17%, no el 10% que dicen las autoridades”. La crisis económica ha potenciado el rechazo a los inmigrantes. Muchos temen su competencia por los puestos de trabajo. “La cuestión no es que la ley de Arizona criminalice la inmigración irregular. Siempre ha sido un delito en nuestras leyes”.

arizona matiza la ley Mientras tanto, al otro extremo del país, en el foco de la polémica, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha retocado la ley en un intento de pulir sus aspectos más criticados. Las enmiendas firmadas este viernes “dejan meridianamente claro que la discriminación racial es ilegal y no será tolerada en Arizona”.

En particular, los cambios restringen los criterios raciales o étnicos que la Policía puede utilizar para interrogar a los sospechosos. Además, los agentes sólo podrán dar este paso en el cumplimiento de otra ley; esto es, el sujeto debe haber infringido una norma o haber cometido un delito. Sólo entonces le podrán preguntar sobre su estatus migratorio. Pero no es precisa la detención previa.

No está claro si estas enmiendas serán suficientes. El departamento de Justicia estudia interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Arizona, ya que la inmigración es competencia federal. Además, varios grupos hispanos preparan demandas civiles que exigen un referéndum previo. Si se presentan antes del 29 de julio, paralizarían la polémica ley un mínimo de dos años.