El Primero de Mayo no es tradicionalmente una jornada reivindicativa en Estados Unidos. Pero este sábado, cientos de miles de hispanos han vuelto a salir a la calle para exigir una reforma inmigratoria que permita regularizar a los más de diez millones de «sin papeles» acumulados desde la última gran amnistía, concedida en tiempos de Ronald Reagan.

Estas masivas y pacíficas protestas – organizadas en medio centenar de ciudades desde Los Ángeles a Nueva York, incluso con un intento fallido de encadenarse a la verja de la Casa Blanca – tuvieron ayer más intensidad de lo habitual por las polémicas medidas adoptadas recientemente por Arizona para contener el tráfico humano procedente de la frontera con México. Malestar reflejado en el lema «Todos somos Arizona» («We are all Arizona»).

Los organizadores han sabido canalizar el agravio generado por la legislación de Arizona a través de redes sociales, iglesias y medios de comunicación en español. La medida, que goza de un abultado respaldo popular en ese Estado fronterizo, impone a las fuerzas policiales estatales y locales la obligación de determinar el estatus migratorio de cualquier persona si existe «sospecha razonable» de que se halla ilegalmente en territorio estadounidense.

«Sospecha razonable»

Esta expansión de responsabilidades, que teóricamente corresponden al gobierno federal, ha generado un masivo aluvión de críticas por el temor a que se convierta en una oportunidad para la discriminación racial. Ya que el simple hecho de tener aspecto de hispano puede formar parte de la «sospecha razonable» esgrimida por Arizona. Lo cual ha inspirado operaciones de boicot y el rechazo por parte de toda clase de figuras tanto a la izquierda como la derecha del espectro político norteamericano.

Sin embargo, desde Arizona se insiste en que esa nueva ley, con las últimas matizaciones rubricadas por la gobernadora Jan Brewer, es necesaria ante el manifiesto fracaso del Gobierno federal para controlar la frontera con México y plantar cara a la creciente criminalidad asociada a los «sin papeles» De hecho, otras jurisdicciones sureñas como Georgia y Texas podrían plantearse similares medidas en los próximos meses.

Diversas organizaciones de activistas han anunciado una ofensiva judicial contra las medidas de Arizona por criminalizar a los inmigrantes ilegales, al atribuirles un delito de traspaso. Y la Administración Obama, a través del Departamento de Justicia, también estudia un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación de Arizona que entrará en vigor a partir del verano.

Según ha recalcado el congresista demócrata Luis Gutiérrez, un destacado legislador hispano, «lo que Arizona ha conseguido es galvanizar, unir, fortalecer y concentrar nuestro movimiento pro – inmigración». Sin embargo, la delincuencia asociada a la frontera no ha dado un respiro a esta causa. Ya que las fuerzas policiales en Arizona se encontraban ayer movilizadas tras haber resultado herido un ayudante del sheriff por unos traficantes de drogas en un remoto tramo de la Interestatal 8.