El temor a que el ejemplo de Arizona prenda en otros estados llevó ayer a la comunidad hispana de Estados Unidos a participar en varias decenas de manifestaciones para pedir que se abra una vía para regularizar la situación de los inmigrantes irregulares. La ley firmada por la gobernadora de Arizona, Jen Brewer, una republicana muy conservadora, que considera delincuentes a los sin papeles, ha sembrado la intranquilidad en un colectivo de 12 millones de personas. Y ha puesto al Gobierno de Obama ante el dilema de afrontar una reforma que permita documentar a todos los inmigrantes con domicilio conocido o dejar el asunto para el próximo año, una vez celebradas las elecciones legislativas de noviembre.
Con el calendario electoral en una mano y las encuestas en la otra, no hay duda de que la segunda opción es la preferida del equipo de Obama. Los legisladores demócratas deben afrontar la reforma de los mecanismos de tutela del sistema financiero cuando aún no se han recuperado de la batalla por la reforma de la sanidad. En tal situación, con los sondeos reflejando que son mayoría los electores que están de acuerdo con las medidas adoptadas en Arizona, la contención es la mejor táctica legislativa. Pero es más que posible que la presión de la calle obligue a la Casa Blanca a actuar, aunque esto signifique suministrar munición a los neo – neocons, ultranacionalistas dispuestos a adueñarse de la campaña republicana. Y atraer de paso a su causa a una parte nada desdeñable de los votantes independientes que dieron la victoria a Obama en el 2008, pero estiman que las reformas del presidente han excedido con mucho lo que ellos entienden por cambio.