El gobierno español aprobó ayer un drástico plan de recorte para suprimir 32 altos cargos ministeriales, en especial direcciones generales, así como 29 empresas públicas, como parte de su estrategia para combatir la crisis económica, que ha elevado ya la tasa de desempleo en España hasta el 20,05% de la población activa.

El Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de desempleo aumentó 1,22 puntos porcentuales durante el primer trimestre del año hasta alcanzar el 20,05%, con más de 4,6 millones de personas sin trabajo en todo el país.

 Entre la población inmigrante, muy castigada por la desaceleración y el colapso inmobiliario, la tasa alcanzó el 30,7%, con 1,7 millones de extranjeros desempleados, entre ellos ecuatorianos.

Actualmente existen 440.304 ecuatorianos en condiciones legales, y están empadronados unos 395.069 (entre legales e ilegales).

“Tenemos un alto porcentaje de paro. Es el principal problema del país”, reconoció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

A las puertas de una oficina de empleo en Madrid, Francisco Javier Moreno, que perdió su empleo hace cuatro meses, corroboró la sensación de alarma que vive parte de la sociedad. “Todo el mundo está desempleado o a punto de perder su empleo. La situación es muy mala, señaló Moreno.

Los analistas dijeron que el problema ya no es solo que uno de cada cinco españoles esté desempleado, sino que por ejemplo, según los datos del INE, ya son 1,3 millones los hogares del país que tienen a todos sus miembros desempleados.

El Plan de Racionalización del sector público, que contempla la reducción de 29 empresas públicas (de un total de 106, es decir, aquellas en las que la participación del Estado es superior al 50% del capital), más la supresión de altos cargos ministeriales, tiene como objetivo “una profunda reestructuración del sector público empresarial con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia y reducir el gasto público que comporta”.

La nueva medida de choque incluye la desaparición de 14 sociedades mercantiles y la fusión de otras 24, además de la supresión de la mayoría de las fundaciones estatales.

Con estos cambios habrá una reducción de más del 27% para el número de sociedades públicas, se informó.

En concreto, los 32 altos cargos del gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y catorce responsables de organismos autónomos con rango de director general.

El recorte de los altos cargos empezará en las próximas semanas.