El alcalde anuncia que que no aplicará la medida hasta que estudie los «efectos políticos y prácticos».

Barcelona – El Partido Popular lo tiene claro. La inmigración seráuno de los ejes de su campaña electoral, por lo que piensa llevar a todos los plenos municipales en los que tenga participación el debate de la inmigración mediante una moción que sigue la estela del camino iniciado por Vic. Es decir, lograr que los ayuntamientos aprueben usar el padrón para denunciar a los inmigrantes «sin papeles».

10.000 habitantes
La carrera de fondo de los populares dio el pistoletazo de salida la noche del martes, cuando, gracias al apoyo de CiU, el Consistorio del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres aprobó una moción en la que se compromete expresamente «a comunicar a la Dirección General de la  Policía la situación de residencia ilegal de todas las personas extranjeras empadronadas en el municipio, y reclamará al Gobierno  que proceda a la solicitud permanente de estos datos».

Con una población cifrada en 10.181 habitantes y con un porcentaje de inmigración bastante bajo –apenas alcanza el 10 por ciento– el alcalde de la localidad, el democristiano Bernat Graupera, optó por no hacer ninguna valoración tras aprobar la moción porque quiere estudiar «los efectos políticos y prácticos» antes de aplicar la medida.

El efecto dominó que inició hace un par de meses el también  miembro de Unió y alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal –que también ha optado por no denunciar aún a los ilegales pese aprobar la medida–, ya se está registrando en otros municipios.

Ayer, tanto Pineda de Mar como Alella votaron en el pleno municipal la moción. «Sólo lograremos sacar adelante esta postura si contamos con mayoría y el apoyo de Unió», vaticinó el regidor del PP en Alella, Javier Berzosa.

En las filas de los populares, los objetivos de la moción difieren de los democristianos. No se trata de un toque de atención sobre la inmigración, el PP busca cumplir la ley  «a rajatabla».

Berzosa defendió que la posición de su partido «no es nada nuevo» y se escudó en aplicar la Ley de Extranjería, que «permite» usar el padrón para informar a la Policía de los ilegales.
Otro de sus fines es «hacer una radiografía»,  municipio a municipio, de la posición del resto de formaciones frente al tratamiento de la inmigración.