La migración polariza EE UU. Un republicano propone deportar a los hijos estadounidenses de los ilegales.

Nueva York – La firma de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, a la ley antiinmigración la ha colocado en el medio de un controvertido y espinoso debate nacional. Pero las recientes encuestas sugieren que esta rúbrica ha servido para que Brewer gane puntos ante su electorado. Según un estudio de Rasmussen Reports, el 64% de los votantes de Arizona está a favor de la nueva ley, mientras que sólo el 30% está en contra.
En principio, la norma debía aplicarse 90 días después de su firma, pero la iniciativa de someter esta controvertida legislación a referéndum, así como la presentación de diferentes recursos de inconstitucionalidad podrían retrasarla. Si se acepta la consulta popular podría aplazarse hasta 2012, un año presidencial. Sin embargo, para calentar motores, el sheriff ya anunciado para hoy una redada de «sin papeles».
Un portavoz del Ayuntamiento de Phoenix, la capital del estado, confirmó a LA RAZÓN que «el alcalde [Phil Gordon] y otros miembros también estudian presentar una demanda [como los grupos de asociaciones de inmigrantes y derechos civiles]».
Mientras, en el resto del país los ánimos se caldeaban. El representante republicano de California Duncan Hunter ha propuesto deportar a los hijos de los inmigrantes indocumentados nacidos en EE UU, que por ley obtienen de forma automática el pasaporte norteamericano. Desde el avión Air Force One, en ruta después de un mitin, el presidente Barack Obama reconoció a los periodistas que no piensa que «el Congreso tenga ganas de abordar el debate migratorio este año». Es decir, el presidente quiere evitar este espinoso debate a toda costa.
Pocos meses después de llegar a la Casa Blanca, funcionarios de la Administración Obama admitieron que la reforma migratoria con la que legalizar a los casi 13 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país tendría que esperar al tercer año de mandato. Quizá, sea demasiado tarde para muchos de los que viven en Arizona. En los últimos dos años, se han marchado 100.000 ciudadanos.
Sea como fuere, la firma de la ley antiinmigración de Arizona ha puesto este debate en la agenda nacional e internacional. Máxime cuando este año también es un año electoral con la renovación de las cámaras en noviembre. México y otros países de Iberoamérica han criticado esta propuesta, que consideran ataca los derechos humanos de sus nacionales.

Un peregrino activista
Carlos Roa, de 22 años, vive en Miami (Florida), pero llegó hace 20 años desde Venezuela. Son los mismos que lleva en situación ilegal en Estados Unidos. El 1 de enero emprendió un viaje hacia Washington a pie, 2.500 kilómetros. Roa explicó a LA RAZÓN que «lo que ha pasado en Arizona es debido a que el Gobierno de Barack Obama ha fracasado en la cuestión migratoria», explicó el joven, que perdió a su madre hace diez años a consecuencia de un cáncer. Ayer, estuvo en la capital junto con otros cuatro amigos que se encuentran en su misma situación para pedir a los políticos que aborden la cuestión migratoria.