La reforma del Código Penal aprobada ayer en el Congreso de los Diputados no acabará con la multirreincidencia que protagonizan un contado número de delincuentes pero que genera unos perjuicios incalculables en las ciudades que los sufren. Tanto es así que, mientras la mayoría de los parlamentarios se felicitaban en Madrid por las mejoras, en el Ayuntamiento de Barcelona ya preparaban la segunda ofensiva para combatir un fenómeno que está poniendo en jaque el sistema de seguridad de la ciudad. Sin menospreciar los avances recién aprobados, el reto pasa por conseguir la expulsión de los reincidentes no comunitarios. ¿Cómo? Consiguiendo que los fiscales soliciten penas de sustitución que pasen por la expulsión a su país del reincidente condenado. La estrategia cuenta con el apoyo de la Conselleria de Justícia, cuya titular, Montserrat Tura, tampoco cree en las «fórmulas magistrales» contra esta delincuencia y apuesta por la expulsión en determinados casos.

ACTUACIONES QUIRÚRGICAS / Conviene empezar por el principio. La reforma del Código Penal aprobada con la abstención del Grupo Popular tiene un apartado dedicado a la mejora de la lucha contra los multirreincidentes. Un fenómeno de las grandes urbes que en Barcelona se ha convertido en el principal problema de seguridad ciudadana. No son muchos los delincuentes que la practican, se trata de ladrones que superan la treintena de antecedentes y que actúan en lugares concretos: zonas turísticas y transporte público. Es decir un fenómeno muy determinado que permite una actuación quirúrgica y concreta.
Tura sostiene, como la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Escarp, que toda medida que se apruebe para luchar contra esta delincuencia es buena. Pero de nada servirán sin una actuación «coordinada y decidida» de todos los actores implicados en su lucha. Es decir, si el Ayuntamiento de Barcelona, las conselleries de Justícia e Interior, la fiscalía, el decanato de los jueces y la Delegación del Gobierno no coordinan y planifican una estrategia común todo lo aprobado «será papel mojado», sostienen fuentes municipales.
El pasado 1 de marzo, el ayuntamiento convocó una reunión bautizada como «el grupo catalán» con representantes de las citadas instituciones en la que Escarp planteó: «¿Qué hacemos mientras se ponen en marcha las mejoras legislativas?» Fue en esa encuentro, según ha podido saber EL PERIÓDICO, donde propuso la estrategia de la expulsión de los multirreincidentes no comunitarios a la fiscala general de Catalunya, Teresa Compte, y al delegado del Gobierno, Joan Rangel.

NO PRECIPITARSE / Fuentes de la fiscalía confirmaron que han recibido la propuesta municipal y que la están estudiando: «No queremos precipitarnos con nuestros planteamientos en una cuestión tan compleja».
El papel de la Delegación del Gobierno pasaría por coordinar a los efectivos de la Policía Nacional de la unidad de extranjería encargados de hacer efectiva esa condena sustitutiva: la expulsión. En el ayuntamiento son conscientes de que esta medida no es viable con los multirreincidentes rumanos, porque son ciudadanos de la Unión Europea.
En cualquier caso, los interlocutores consultados sostienen la necesidad de seguir trabajando en lo que ya permite el Código Penal y que llevó a los Mossos d’Esquadra a encarcelar a multirreincidentes con algunas operaciones de compleja investigación como la T – 10, contra carteristas del metro, o la Bucarest, contra los padres de menores que se aprovechaban de la impunidad de sus hijos para ordenarles robar.
La reforma aprobada ayer fija que sean tres, y no cuatro como hasta ahora, las faltas que se castigan como un delito. Introduce la figura del grupo criminal para robar y el arresto carcelario los fines de semana.