El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), ya no está solo en su voluntad de denunciar a los inmigrantes irregulares a partir del padrón. Otro alcalde de Convergència i Unió, el de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme, 10.181 habitantes), se sumó a la política de denuncias tras apoyar una moción del grupo local del PP, en el pleno del martes. El alcalde, Bernat Graupera, todavía no sabe cómo articulará la medida: o bien optará por la vía de Vic, que pensaba comunicar a la Delegación del Gobierno la identidad de cada inmigrante irregular que se empadronara, o bien reclamará al Estado que solicite permanentemente estos datos. De esta forma, la medida sería legal porque el padrón sólo puede ser utilizado si la policía lo reclama.

La moción calentó los ánimos del pleno, donde CiU, que gobierna en minoría, y el PP suman 10 de los 14 concejales. La oposición aseguró que ambos partidos crean un problema donde no lo hay. Según el último censo, Sant Andreu de Llavaneres tiene un 10,6% de inmigración, la mayoría, un 42%, procedente de la Unión Europea. Llavaneres es, según lo define el plan estratégico del municipio, “eminentemente residencial y turística, con un alto poder adquisitivo, y con predominio del sector servicios”. “Los inmigrantes que viven aquí o son jardineros o trabajan fuera”, describía ayer Josep Ruiz, concejal del independiente SOS Llavaneres, que lamentaba: “Aquí no tenemos problemas con la inmigración. Esto es crear alarma social sin sentido. Es denigrante”.

La propuesta aprobada en Llavaneres, del PP local, nace de la promesa de su líder en Cataluña, Alícia Sánchez – Camacho, de extender la medida de Vic con mociones en todos los ayuntamientos. Aparte de Llavaneres, municipio donde el PP gobernó, Sánchez – Camacho no ha podido ampliar las delaciones a más localidades.

Pese a que ya son dos los municipios que amenazan con denunciar a inmigrantes irregulares a partir del padrón, no parece que ninguno lo vaya a hacer efectivo, al menos a corto plazo. Mientras el alcalde de Llavaneres piensa cómo articular su medida, el de Vic dio marcha atrás presionado por sus socios de gobierno – PSC y ERC – y tras reunirse la semana pasada con el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, para buscar una salida a la crisis del padrón, que Vila d’Abadal abrió. Rangel se comprometió a evaluar los mecanismos de control para impedir los fraudes, aunque evitando discriminaciones como la propuesta por el alcalde de Vic. Todo indica que Vila d’Abadal se conformará con mantener un discurso duro en inmigración sin llevarlo a la práctica. De esta forma, pretende dar la imagen de político de ley y orden para rivalizar con Plataforma per Catalunya, en la oposición.

Otro municipio donde la formación tiene concejales, El Vendrell (Baix Penedès), aprobó el martes denunciar a los inmigrantes irregulares detectados a través de trámites no relacionados con el padrón.