Francisco Caamaño, en una imagen de archivo. :: R. C.

La polémica decisión del instituto Camilo José Cela de apartar a la joven Najwa Malha por llevar el ‘hiyab’ en el aula está provocando una cauta pero incesante reacción de los dirigentes políticos. Ayer fue el turno del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien señaló que el problema debe ser abordado en la nueva Ley de Libertad Religiosa en la que trabaja el Ejecutivo y que debe sustituir a la aprobada en 1980 para adaptarse a los tiempos actuales: «En estos 30 años la sociedad española ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista religioso y de su pluralidad».

En la legislación actual, la decisión sobre el uso del velo islámico depende de la normativa interna de cada centro. Por eso, en una misma localidad, como Pozuelo, existen unos institutos que prohíben acudir a clase con la cabeza cubierta y otros más permisivos. El titular de Justicia consideró «más necesaria que nunca» una normativa estatal para unificar criterios y «clarificar» el uso de estos símbolos religiosos en los espacios públicos. Pero quiso matizar la diferencia entre espacios públicos de servicio estatal de otros lugares públicos, por ejemplo, la calle. Esta sutil puntualización es de vital importancia en un momento en el que distintos países europeos como Francia o Bélgica preparan una ley para erradicar el ‘burka’ por denigrar a la mujer.

Tras el revuelo generado por el caso de la joven de 16 años de Pozuelo, Caamaño pidió tranquilidad y sentido común para no caer en debates erróneos, por lo que demandó proporcionalidad en las medidas. «Todo el mundo entiende que no es lo mismo un ‘burka’ que un velo», afirmó el ministro, en clara referencia a la propuesta gala.

«Decisión aberrante»

Mientras tanto, las asociaciones islamistas siguen en pie de guerra, preparando movilizaciones y acciones judiciales. La Federación Musulmana de España fue la más clara en expresar su oposición a la exclusión de Najwa Malha del instituto Camilo José Cela y su presidente, Yusuf Fernández, anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que considera «una violación de los derechos humanos». Además, acusó a la dirección del centro de «islamofobia» por tomar una decisión «aberrante».

Desde esta Federación están dispuestos a emprender una batalla por «la libertad de los musulmanes y de los españoles», ya que en su opinión el reglamento de un centro no puede estar por encima de los derechos recogidos en la Carta Magna, como el de la libertad religiosa. «Es una norma que discrimina y que carece de cualquier validez legal», explicó.

Pero las reacciones desde las asociaciones islámicas españolas en apoyo a Najwa son innumerables. También desde Internet y las redes sociales. En Facebook se ha creado un foro bajo el lema ‘Apoya a Najwa Malha’ para recoger firmas en contra de la decisión del centro y cuyos ataques se centran en la presidenta regional, Esperanza Aguirre, partidaria de la decisión del instituto.

Sin embargo, no son los únicos dispuestos a acudir a los tribunales. La Comunidad de Madrid ya advirtió el pasado miércoles de que denunciará al padre de la adolescente por vulnerar el derecho a la educación si, llegado el momento, no acepta el traslado de su hija a otro centro para continuar con sus estudios.