MADRID. La comunidad islámica en España considera que se está vulnerando el derecho a la libertad religiosa de la joven Najwa Malha y no piensa quedarse cruzada de brazos. Así, el presidente de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España (Feeri), Mohamed Ali, anunció que emprenderán acciones legales contra el colegio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que impide a la joven, de 16 años, asistir a clase por llevar el hiyab (velo islámico).

Desde la Feeri están en contacto con sus servicios jurídicos y se plantean presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque, a su juicio, se están vulnerando los derechos fundamentales de la joven musulmana. “Una norma interna no puede estar por encima de la ley. Se está conculcando el derecho a la educación de la menor y, por este motivo, vamos a emprender acciones legales contra el colegio”, explicó Ali, presidente de la Feeri y secretario general de la Comisión Islámica de España.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, afirmó que la decisión adoptada por el Consejo Escolar del IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón de hacer cumplir el reglamento del centro e impedir que una niña musulmana lleve puesto el hiyab en clase “es la excusa para justificar lo injustificable”.

En declaraciones a Europa Press, Rahmouni defendió que las normas se “deben adaptar a las necesidades” de la sociedad y en este caso, el colegio “tiene una normativa anticuada y lo que tiene que hacer es adaptarla” porque, en su opinión, no se puede prohibir el pañuelo islámico igual que se prohíben las gorras y los sombreros porque “eso es frivolizar” y porque “todo el mundo sabe que esta niña lo lleva puesto por una motivación cultural y religiosa que hay que respetar”. Asimismo, Rahmouni criticó que la Comunidad de Madrid “dejara la decisión en manos de los padres del resto de los alumnos”, que en otro centro podrían tomar la misma decisión haciendo que la niña “vaya saltando de colegio en colegio”, e instó a todas las Administraciones públicas a “asumir su responsabilidad” en este asunto.

“Creo que los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad, tanto a nivel estatal como regional, pero teniendo en cuenta que cualquier propuesta o intento de reglamentar o adecuar el reglamento tiene que ser a base de un debate en profundidad y con el consenso de la comunidad musulmana que vive en España, porque no se puede legislar contra una confesión que supera el millón de personas, y no sólo inmigrantes”, apuntó.

Mientras, la joven de 16 años que ha sido apartada de clase no acudió ayer a clase, por segundo día consecutivo, y, según relataron sus compañeras, está “muy nerviosa” y se pasa “todo el día llorando”.

Su padre explicó que la niña, tras la polémica surgida, ha entrado en una “depresión” y no se encuentra en condiciones de ver a sus compañeros.