donostia. No sale precisamente bien parada una mujer inmigrante que se acoge hoy al arraigo para poner fin a su situación administrativa irregular. “Se está jugando mucho con su inseguridad jurídica”, advirtió ayer Silvia Carrizo, presidenta de la asociación de mujeres Malen Etxea, una agrupación que prepara para la semana que viene un comunicado de denuncia sobre esta situación, con motivo del 1 de mayo. Carrizo participó ayer en unas jornadas sobre Ciudadanía e Inmigración celebradas en el campus donostiarra de Deusto.

¿Resulta complicado a una mujer extranjera regularizar su situación?

La única vía ahora es el arraigo. Entre comillas, las mujeres lo tienen más fácil porque los tres años de residencia los consiguen fácilmente mientras trabajan, casi siempre, en el sector doméstico. Solicitar el arraigo no supone mayor contratiempo, pero el problema está en el abuso y la explotación de la patronal.

¿A qué se refiere?

Los contratos de trabajo a las mujeres se les va haciendo, pero se está jugando mucho con la inseguridad jurídica que viven. El problema es que se están empleando a muchas mujeres pero sin pagarles la Seguridad Social, lo que da lugar a una situación muy complicada para ellas. Se están regularizando por arraigo, pero a costa de asumir el 100% del coste social.

¿Qué efectos está provocando?

Vemos muchos casos de mujeres que cuentan con un sueldo de 800 euros, de los que abonan al menos 163 para la Seguridad Social, lo que les deja a estas mujeres con una remuneración de 630 euros. Todo ello a costa del bolsillo de la trabajadora.

¿A quién se refiere cuando habla de patronal?

A las familias empleadoras, que son en este caso la patronal. Es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, la regularización a la mujer inmigrante le está suponiendo un coste adicional y mayor vulnerabilidad económica.

Todo ello en unas condiciones de trabajo que parecen lejos de ser las idóneas.

Hay que hablar sin rodeos, se dan condiciones de esclavitud que se siguen manteniendo, a lo que se suma ahora el coste de contratación que no quiere asumir la patronal. Son mujeres que han soportado tres años en la más absoluta vulnerabilidad, ilegalizadas por completo, lo que les obliga a asumir las condiciones de explotación. Ahora, cuando se presenta la posibilidad de lograr un mínimo reconocimiento jurídico, es cuando esas condiciones no sólo no varían (sin días libres, jornadas interminables…) sino que, además, esa patronal que te esclaviza te obliga a asumir el 100% de los costes sociales.

O lo coges, o lo dejas.

Sí, es esa situación. Las familias saben perfectamente que las mujeres necesitan agarrarse a lo que sea, que necesitan ese contrato, por lo que todo acaba convirtiéndose en una perversidad.

¿Una situación tan injusta como “inevitable” en la situación actual?

Es un reflejo de los tiempos que vivimos, pero ojo, con la complicidad del Sistema, porque el Ministerio de Trabajo y la Delegación de Seguridad Social sabe perfectamente que todo esto está ocurriendo.

¿No hay mecanismos de control?

Lo que no puede ser es que cuando una persona declara una cuenta, Seguridad Social admita que en esa cuenta esté la empleada.