madrid. El Gobierno ultima estos días la futura Ley de Libertad Religiosa, aunque según la SER no entrará a regular en detalle aspectos como el uso del pañuelo islámico o del crucifijo en los centros escolares, ya que se trata de una ley orgánica que, por mandato constitucional, sólo regulan el contenido esencial de los derechos. Así lo ha explicó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien, tras firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, se mostró convencido de que España y la sociedad española, que ha dado pruebas de su tolerancia religiosa, irá solventando con naturalidad incidentes propios de una sociedad “pluricultural”, también en lo religioso.

De esta forma aludía el ministro a la polémica suscitada por la decisión de un instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de apartar de clase a una niña de 16 años por utilizar el hijab o pañuelo islámico.

Caamaño, que indicó que la Constitución reconoce la libertad religiosa de una manera muy amplia, destacó que la futura ley, aunque no entrará en el detalle, fijará las grandes piezas de la convivencia y marcará a quién corresponden las competencias, si es a la comunidad educativa y quién debe adoptar las decisiones.

Según el titular de Justicia, esa ley, que “capitanea” la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se desarrollará a partir de dos ideas fundamentales.

La primera de ellas es que el Estado debe ser laico como marca la Constitución y, por tanto, mantener un punto de vista neutro ante las distintas confesiones, y la segunda, que se deben evitar situaciones de discriminación que pueden darse en el ámbito de lo religioso.

El ministro ha resaltado que el Ejecutivo trabaja “intensamente” en el proyecto" para que salga adelante cuanto antes.