Hondarribia. La fórmula del arraigo social se ha convertido en la única vía de escape para un inmigrante que quiere regularizar a día de hoy su situación en Gipuzkoa. De 390 tramitaciones realizadas con este fin en 2008 se ha pasado a 837 el año pasado. El número de solicitudes se duplica, algo que no es ni mucho menos casual. El cierre del régimen general está modificando la estructura de los permisos solicitados hasta ahora, y los inmigrantes encuentran en esta otra fórmula el único asidero, algo que está lejos de poner fin a su atormentada situación administrativa.

El arraigo exige tres años de residencia en el territorio y, lo que es más complicado de acreditar, un contrato de trabajo de un año, poco menos que una quimera en el actual contexto de crisis, lo que estira como un chicle la agonía de muchos sin papeles en una situación que “seguirá siendo la tendencia durante 2010”, según pronostica Sandra Lourido, asesora en Gipuzkoa de SOS Racismo.

Tiempos de vacas flacas que resultan famélicas para una persona en situación administrativa irregular. Todo ello es fruto del régimen general, un grifo cerrado durante todo el año pasado, la fórmula que se venía empleando hasta ahora mediante contratos en el país de origen para aquellos interesados en solicitar la primera autorización de trabajo y residencia. Era la vía de regularización para muchas personas que residían en el territorio.

Dificilísima cobertura El régimen general está condicionado al catálogo de actividades de difícil cobertura, que se publica trimestralmente y sirve, de algún modo, de espejo de los tiempos que corren en cuanto a ofertas de trabajo se refiere. Se rige por el principio de prioridad nacional, esto es, hay que acreditar que no hay ningún autóctono disponible para cubrir ese puesto. Se trata, en suma, de una vía complicada para que un inmigrante encuentre empleo, pero por si fuera poco se da la circunstancia de que en el catálogo correspondiente al primer trimestre del año ni siquiera figuraba una sola profesión para Gipuzkoa.

Ahora, el segundo trimestre del año se acaba de abrir con una veintena de ocupaciones pero sólo hace falta echar un vistazo al listado (mayordomo de buque, bombero de buques especializados o maquinista naval son sólo tres ejemplos) para tomar medida de unas profesiones situadas en las antípodas del perfil que pueda presentar un extranjero demandante de empleo sin papeles en el territorio. “La gente ni mucho menos nos viene solicitando este tipo de contratos. Casi todos los trabajos del catálogo tienen relación con el mar, pero no guardan ninguna relación con la pesca”, constatan desde SOS Racismo.

Cerrado el grifo del régimen general, para regularizarse a día de hoy sólo caben dos sistemas. De una parte están los supuestos específicos o preferentes (como por ejemplo ser cónyuge o hijo de una persona extranjera que tiene un permiso de trabajo renovado), un sistema en todo caso que afecta a un número muy limitado de personas.

Y es en este punto, en concreto desde mediados de 2009 hasta hoy, donde emerge la figura del arraigo social como único asidero para lograr la complicada regularización. Ello explica que mientras se han reducido más de mil contratos por régimen general (de 2.785 en 2008 a 1.740 en 2009) se ha duplicado de un modo inversamente proporcional el número de solicitudes de arraigo social.

Crece la irregularidad “En otras circunstancias, personas que llevan dos años residiendo quizá podrían haberse acogido al régimen general, regresando a su país para volver después con un contrato. Pero eso es algo que no existe, y la gente opta ahora por ir por el arraigo con todas sus consecuencias”, explica Lourido. Y lo cierto es que no suponen una alfombra roja.

Las condiciones no son ni mucho menos sencillas, habida cuenta de los tres años de empadronamiento ininterrumpido y el contrato de un año que se le pide. “Esto va a tener como consecuencia que mucha gente siga en situación irregular para cumplir esos tres años. Hay gente que en menos tiempo podría regularizarse si existiese una mayor cobertura del régimen general, pero es una vía prácticamente cerrada, lo que exige seguir aguantando hasta completar esos tres años de residencia, una situación que aboca a una mayor irregularidad”, constata la asesora de SOS Racismo.

La economía sumergida es el único colchón que encuentran estas personas. La situación de irregularidad está propiciando una mayor vulnerabilidad en las condiciones de vida. Lourido asegura que tres años se acaban por convertir en un eterno compás de espera en los que la policía, tarde o temprano, le acaba dando el alto a la persona que vive esa situación para pedirle sus papeles.

Durante este plazo muchas personas son detenidas y se inicia contra ellas un procedimiento de expulsión por estancia irregular. Para estos casos la ley prevé dos posibilidades: la expulsión o la sanción de una multa.

La policía y las subdelegaciones del gobierno suelen apostar por la sanción mayor, es decir, la expulsión. Los juzgados no, por lo que se ha ido consolidando una jurisprudencia que sostiene que la sanción proporcional a la falta administrativa cometida es la de la multa y no la de la expulsión.