En la tierra del sheriff Joe Arpaio, famoso por sus cacerías de emigrantes ilegales, ser hispano es desde ayer más angustioso. Con la ley aprobada por el Senado el martes, la Policía de toda Arizona se dedicará a parar en la calle a cualquier «sospechoso» de ser inmigrante ilegal para exigirle que pruebe su estatus migratorio. «Muchos ciudadanos estadounidenses van a ser barridos por esta ley simplemente por tener acento o haberse dejado la cartera en casa», protestó Alessandra Soler, presidenta de American Civil Liberties Union.

Más del 30% de la población de Arizona era hispana en 2008. El estado fronterizo es también la principal puerta de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Hasta ahora la Policía sólo podía exigir los papeles migratorios a un ciudadano si tenía «sospechas razonables» de que hubiera cometido un delito, lo que se aplicaba implacablemente ante cualquier infracción de tráfico. En un país donde los lobbies automovilísticos han ahogado el transporte público en favor de las autopistas, esa práctica acorralaba a los inmigrantes ilegales alrededor de su lugar de trabajo. Muchos duermen a la intemperie en los campos por temor a que un alto en la carretera ponga fin a su sueño americano.

Firma de la gobernadora

La nueva ley les quitará también el oxígeno de ser peatones, y supondrá una molestia continua para todo aquél que tenga aspecto hispano. «Esta ley va a aterrorizar a la gente de la que nos beneficiamos», lamentó el congresista Tom Chabin. En EE UU el uso del perfil racial se considera una práctica discriminatoria, pero la nueva normativa, bautizada como SB1070, «prácticamente lo hace imperativo», se quejó Chris Newman, director del departamento legal de National Day Laborer Organizing Network, que la considera «intolerable».

El único peldaño que falta para que se haga realidad la ley más dura del país, según ‘Los Angeles Times’, es la firma de la gobernadora republicana Jan Brewer, de la que no se espera resistencia alguna. Para el padre de esta legislación, el documento «quita las esposas a la Policía y le permite hacer su trabajo». No opinan así los expertos legales que atribuyen la misión de hacer cumplir las leyes migratorias a la Policía Federal, como dictaminó un juez estatal de New Hampshire en 2005, al derribar una norma parecida.

Tampoco lo comparte el jefe de la Policía Estatal, que prevé más dificultades para encontrar testigos que cooperen. Los movimientos antimigratorios celebraban ayer la decisión de Arizona, al creer que su liderazgo natural en la materia será extensible al resto del país, pero advertían que es insuficiente porque las fuerzas de seguridad están demasiado ocupadas como para que resulte efectiva.