El Partido Popular reclamó ayer al alcalde de Bilbao que mejore el sistema de control del fraude en ayudas sociales tras conocer los «preocupantes» resultados del Negociado de Inspección. En sus dos años de funcionamiento, el servicio ha investigado 1.651 casos, de los que el 64% presentaba algún tipo de irregularidad. En tres de cada diez se ha pedido la suspensión de la renta de garantía de ingresos.

«Habrá que preguntarse cuál es el nivel de fraude en los casos, la mayoría, que no son denunciados ni investigados», afirma la portavoz del grupo, Cristina Ruiz. «Hay personas con verdadera necesidad que se ven privadas de las ayudas por culpa del fraude y la picaresca». Los populares critican el rechazo «sistemático» de las propuestas que han presentado en el pleno para combatir este problema. Son seis desde marzo de 2005, para crear protocolos y reforzar el control sobre las ayudas de emergencia social. Uno de los debates más sonados tuvo lugar en enero de este año cuando propusieron un control específico de las ayudas sociales a inmigrantes, iniciativa que rechazaron de plano el resto de los grupos.