La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo no comparte la decisión del ayuntamiento de Vic de denunciar a los inmigrantes irregulares que pidan empadronarse. Además, ha anunciado que va a haber un informe jurídico al respecto.

Fernández de la Vega se ha referido a este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido tras mantener una reunión en el Palacio de la Moncloa con los delegados del Gobierno de toda España.

La vicepresidenta ha informado de que la decisión del ayuntamiento barcelonés de Vic está siendo estudiada por los servicios jurídicos del Estado. “En principio, no compartimos la posición del alcalde, pero vamos a tener un informe fundamentado sobre el tema”, ha recalcado.
Rubalcaba defiende los empadronamientos

En el mismo sentido, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la inscripción de los inmigrantes irregulares en los padrones municipales. A su juicio, el empadronamiento de los ‘sin papeles’ garantiza los derechos básicos que todos los países de Europa conceden a esas personas, especialmente educación y atención sanitaria.

“Nos hemos esforzado por explicarle a la gente que el padrón es un instrumento esencialmente municipal que sirve para cosas tan importantes como saber cuántos niños tienen que ir a la escuela (…) o para saber cuántas personas atiende la Sanidad”, señaló Rubalcaba tras una reunión con eurodiputados en Bruselas.

Al ser consultado sobre la polémica decisión del Ayuntamiento de Vic de denunciar a los inmigrantes ilegales que soliciten empadronarse, el ministro sostuvo que la política española es “clara” en el ámbito de la inmigración al margen de la ley. Rubalcaba subrayó que “una cosa es la lucha contra la inmigración ilegal en frontera” y “otra cosa” es lo que se hace dentro de cada país.

El titular de Interior insistió en la necesidad de garantizar derechos básicos a las personas, aunque estén en situación irregular. “Nosotros repatriamos ilegales, pero es verdad que siguen existiendo ilegales. Por tanto, hay una política inteligente que todos los países desarrollamos en una situación parecida”, señaló.

“¿O es que hay algún español que piense que el hijo de un inmigrante ilegal no tiene derecho a asistir a la escuela en España?”, se preguntó. Defendió así el uso del padrón como forma de garantizar ese derecho y recordó que la escolarización de esos niños se da en toda Europa.

En el mismo sentido, destacó el empadronamiento como fórmula para que las autoridades sepan cuántas personas tiene a su cargo la Sanidad. Rubalcaba destacó que al igual que en España, los hospitales de todos los países de la Unión Europea atienden a los enfermos independientemente de su situación.

“A veces nos hartamos de discutir de las leyes, pero las cosas son distintas y los derechos de las personas se respetan en Europa, sean ilegales o no”, recalcó Rubalcaba.