El portavoz de la Federación estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España (Ferine), Víctor Sáez, afirmó que es “muy grave” que extranjeros en situación irregular puedan ser “sometidos a acoso policial” con el reslpaldo de las instituciones públicas por el hecho de empadronarse, algo que es obligatorio para todos los residentes en un municipio.

Sáez se refería así a la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de acatar las palabras de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. La sueca había destacado la obligación de todos los Estados miembros de expulsar o regularizar a todos los inmigrantes que residan en su territorio sin la correspondiente autorización.

“Es un retroceso muy grave y un flaco favor a la democracia el que se hace desde este ayuntamiento”, señaló Sáez. Sin embargo, dijo no estar preocupado por la posibilidad de que esta práctica se extienda en otros consistorios ya que “la sociedad democrática ya mostró su rechazo”. Citó como ejemplos las reacciones cuando Vic intentó dejar de empadronar a las personas en situación irregular y cuando se “descubrieron irregularidades” en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Ante el anuncio realizado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, de presentar mociones en los ayuntamientos ‘populares’ para que denuncien “todas las presuntas situaciones de inmigración irregular que detecten en sus padrones”, Sáez pidió al PP que “se dedique a limpiar los delincuentes que tiene en su seno”. Además, instó a que “se deje de perseguir a pobres migrantes que vienen a construir el futuro con sus manos, no a robar a nadie”.

Por su parte, el portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, afirmó que la postura de Vic y las declaraciones posteriores de Sánchez Camacho son “un chantaje intolerable al Gobierno central”. En su opinión lo desafían por haber manifestado su “clara oposición” cuando el consistorio catalán propuso dejar de empadronar a personas ‘sin papeles’.

“Era de esperar que en la antesala de las elecciones, en este caso las catalanas, el fantasma del racismo y la xenofobia fueran avivados por políticos que quieren hacer bandera electoral”, aseguró Jiménez. Considera que la medida propone “la cacería de inmigrantes como campaña política”, lo que en su opinión, “es deleznable”.