PERE PRATDESABA
VIC

En un aparente ambiente de normalidad, el Ayuntamiento de Vic incorporó ayer las nuevas medidas de delación al proceso de empadronamiento de extranjeros. Desde ahora se seguirá registrando al inmigrante en situación ilegal, pero además se facilitarán sus datos a la Delegación del Gobierno en Catalunya. Las asociaciones de inmigrantes de la ciudad ya han criticado la decisión y lamentan que el alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, no les informara en la comisión que se creó en enero cuando estalló la polémica. Las entidades hablaban ayer de falta de respeto.
De momento no ha trascendido la periodicidad y el procedimiento administrativo que se utilizará para comunicar las «irregularidades». Según han explicado fuentes municipales, será «una comunicación rutinaria», como las muchas que se realizan entre administraciones.
El consistorio calcula que estas situaciones suponen entre un 2% y un 3% de los empadronamientos, o sea, dos o tres personas al mes. «Pocas llegan del extranjero. La mayoría proceden de otros municipios y comunidades», dicen esas fuentes. Desde que se abrió la Oficina de Acogida el pasado mes de mayo, Vic ha empadronado a 1.124 personas.
Mohamadi Bouziane, portavoz de la Coordinadora d’Entitats d’Immigrants d’Osona, se mostró ayer defraudado con Vila d’Abadal. «Es un juego político para ganar votos», lamentó.

FALTA DE INFORMACIÓN Bouziane también lamentó que no se les informara con anterioridad en una comisión creada para debatir los temas que afectan a la inmigración en la ciudad, entre ellos el empadronamiento. La comisión se creó a principios de enero y está formada por varios concejales y miembros de diversas asociaciones locales. Esta semana está prevista una reunión de la comisión, donde Bouziane espera que se cierre el conflicto.
El Ayuntamiento dio ayer por zanjado el asunto porque su posición quedó fijada en la comparecencia conjunta del pasado viernes, en la que participaron el alcalde y los portavoces de los tres grupos del equipo de gobierno (ERC, PSC y CiU). El aviso parece que no surtió mucho efecto: el segundo teniente de alcalde, Josep Burgaya (PSC), se desmarcó en un artículo en su blog, de una manera parecida a la que había hecho días antes el concejal Joan López (ERC), edil de Acción Social.
Burgaya aseguró que la gestión del consistorio en relación al padrón continuará como «hasta ahora» y que la manipulada respuesta de la Comisión Europea que abrió de nuevo el problema no tendrá «ningún efecto práctico», al menos a corto plazo. Aun así, el edil socialista considera que la declaración da una «cierta razón moral» al tema de fondo que había planteado Vic.
ERC añadió más confusión al debate y dijo que López no había recibido ninguna instrucción del alcalde para cambiar los criterios del empadronamiento y que si se le ordenaba no pensaría acatarlo.