El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) informará «caso a caso» a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que «no tengan los requisitos de residencia legales».
El primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), aseguró, en declaraciones a Efe, que el consistorio ha decidido llevar a cabo esta medida para no «prevaricar por omisión», ya que, según dijo, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la UE.
La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, aseguró ayer que «las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio».
Bruselas matiza Posteriormente, el portavoz de asuntos de Interior del Ejecutivo comunitario, Michele Cercone, aclaró que Cecilia Malström «no se ha pronunciado sobre la posibilidad o no de registrar a las personas en situación irregular» y que lo que exige Bruselas es que la situación de esos inmigrantes se clarifique cuanto antes.
Sin embargo, para el eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, la postura de la comisaria avala al Ayuntamiento de Vic en su polémica con el Gobierno, que le exige que inscriba a los sin papeles en el padrón. El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal (CiU),celebró ayer las palabras de Malmström. porque la Comisión Europea «nos dice que lo hacemos bien». Vila d´Abadal indicó que la negativa del Ayuntamiento a empadronar a inmigrantes sin papeles «ha servido para introducir sentido común en el empadronamiento y acogida de recién llegados». Para el alcalde de Vic, la ciudad «recupera el buen nombre» tras las intensas campañas «de desprestigio» de determinados medios de comunicación, y calificó la respuesta de la CE de «esencialmente humanitaria», puesto que mejorará «la seguridad jurídica de todas la partes implicadas» y evitará «la explotación» de los sin papeles
El concejal Solà añadió que la Comisión Europea trata de decir al Gobierno «señores, procedan», ya que el Ayuntamiento, que «no tiene competencias» en materia de inmigración, dejará en manos del Gobierno si expulsa a los inmigrantes o les da permiso para residir legalmente en España.
El teniente de alcalde afirmó que la medida de comunicar a la Delegación del Gobierno la situación irregular de los inmigrantes que se empadronen en la ciudad entrará en vigor «a partir de hoy» (viernes) y que, si bien en un principio no tendrá carácter retroactivo, se podría aplicar también a los inmigrantes empadronados con anterioridad si el ejecutivo lo reclama.
En medio de esta polémica, el Govern recordó a Vic que el padrón «no está pensado para controlar a las personas», e instó a los municipales a abordar «conjuntamente el debate de la inmigración».