La polémica surgida en torno a los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) en Álava continúa sumando capítulos. El último, según lo ha podido saber EL CORREO, lo han escrito la quincena de jóvenes que ha decidido abandonar las dependencias forales después de ser requeridos por la Fiscalía para someterse a las pruebas radiológicas que determinan su edad. Primero fueron citados para otorgar su consentimiento – pueden negarse, según la ley – . Todos acudieron y dieron el sí, pero cuando volvieron a ser requeridos para hacerse el examen óseo ya habían abandonado el cobijo foral. Algunos comunicaron su decisión de irse y en otros casos, la Diputación se enteró vía hechos consumados. Todos los casos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguraron que lo más probable es que se hayan marchado a otras provincias. Su plaza, no obstante, continúa reservada – así lo exige el protocolo de Infancia del Instituto Foral de Bienestar Social – . Eso sí, la mayoría de ellos estaba a punto de cumplir los 18 años, edad a la que deben abandonar los recursos forales, ya sea el centro habilitado en el sede de la Cruz Roja o el nuevo del barrio de Coronación, llamado Bide berri.

Dudas con los pasaportes

El movimiento de estos chicos está estrechamente controlado por la Diputación, que de forma periódica elabora informes para la Fiscalía de Menores sobre la situación de todos ellos. Altas, bajas, abandonos… El problema no ha surgido por la atención prestada, sino por la presunta mayoría de edad de estos menores. Como denunció el pasado febrero en el Congreso el PNV, «entre el 60% y el 80% de los ‘menas’ acogidos en Álava tiene entre 28 y 32 años», según la documentación recabada en Canarias por la Brigada de Extranjería y Frontera. Lo que ocurre es que cuando llegan a territorio alavés tienen pasaportes recientes expedidos en sus países de origen pese a llevar varios meses e incluso algún año en España.

El Gabinete Agirre, saturado por la avalancha de menores registrada en los últimos años, sigue exigiendo criterios claros al Ministerio Fiscal, que denunció que las pruebas óseas practicadas de forma unilateral por la Diputación eran «ilegales». Después del enésimo rifirrafe entre las dos partes, la calma llegó en febrero, cuando la Diputación remitió al Ministerio Público un listado con 75 chicos exponiéndole sus «dudas razonables» sobre la verdadera edad de los chicos. La Fiscalía de Menores, por su parte, recogió el guante e inició unos trámites a los que, al parecer, una quincena de chicos ha preferido no someterse.

Pese a que la relación entre el Ministerio Público y la Diputación ha mejorado de forma ostensible, el Gabinete del peneuvista Xabier Agirre no cesa en su exigencia de que el Gobierno central establezca un sistema de cupos para que cada comunidad acoja a un número determinado de chicos en función de su población. Hasta el momento, sólo se ha topado con un portazo.