La Consejería de Bienestar Social y Cáritas Interparroquial han suscrito dos convenios de colaboración que obligan a la Administración local a asumir un desembolso de 135.000 euros. Según se explicó, los acuerdos se refieren a, por un lado, ejecución del programa de apoyo al alquiler y gastos de la vivienda de las personas que más lo necesitan y, en segundo lugar, la continuidad del plan para erradicar la pobreza.

Atendiendo a las circunstancias «especiales» que presenta la población inmigrante, la consejera María Antonia Garbín informó de las personas que se podrán beneficiar de este programa, centrándose en los matrimonios mixtos que no tienen acceso a otros recursos sociales, mujeres inmigrantes con hijos a su cargo que estén separadas o con una orden de desahucio y víctimas de violencia de género con bajos o nulos recursos económicos. En cuanto al plan de erradicación de la pobreza, este proyecto de intervención que abandera Cáritas Interparroquial está dirigido a las familias que necesitan una integración social, laboral y de desarrollo personal, realizándose una labor de prevención, apoyo e inserción en áreas que comprenden desde la salud hasta la economía doméstica, pasando por la educación, el trabajo y la mediación familiar. No obstante, estos dos programas, además de otros que se firmarán con oenegés, los asume por entero la Administración local y lo hace después de que el Estado haya decidido recortar en un 65 por ciento la partida destinada al fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como a los proyectos de refuerzo educativo, «aunque en estos momentos lo más justo es seguir apostando por los servicios sociales».

Por su parte, la directora de Cáritas Interparroquial dijo que se ha registrado un incremento en el número de personas que piden ayuda. Muchas de ellas son «inmigrantes» que regresan a la ciudad después de años viviendo y trabajando en la península.