Los socialistas vascos, instalados en la Administración autónoma, y los peneuvistas, que mantienen el control de las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, han encontrado en las políticas sociales un campo de batalla propicio para marcar diferencias y sensibilidades ante el electorado. Cada pocas semanas, el Ejecutivo de Patxi López y los gobiernos forales protagonizan un enfrentamiento verbal que zanjan enseguida con una foto conjunta, mientras negocian con discreción los impuestos que habrán de pagar los votantes para financiar la atención social. El reciente rifirrafe sobre los menores inmigrantes bajo tutela foral – la consejera de Justicia, Idoia Mendia, acusó a las diputaciones de no atenderles como es debido – se ha ajustado al guión habitual, sin que la sangre haya llegado al río. «Acostumbramos a hacer lo mismo. Dejar clara nuestra posición una vez y luego guardar silencio», resumen en la Diputación de Vizcaya.

Pese a la estridencia del último conflicto, el Ejecutivo de Vitoria, la Asociación de Municipios (Eudel) y los gobiernos forales no han interrumpido los contactos que mantienen desde hace meses para clarificar no sólo la acogida a los menores extranjeros no acompañados – 580 en total – , sino también el conjunto de los servicios sociales de que disfrutarán 2,1 millones de vascos durante los próximos años. Un capítulo que abarca desde el cuidado de las personas mayores, hasta los subsidios para personas sin recursos, pasando por las ayudas a colectivos vulnerables, las políticas de inmigración y las subvenciones al voluntariado.

Para hacerse una idea de lo que está en juego, el gasto social supuso unos 1.079 millones de euros en la comunidad autónoma durante 2007, una suma que no ha dejado de crecer con el paulatino desarrollo de la ley estatal de Dependencia y de las más recientes leyes autonómicas de Garantía de Ingresos y Servicios Sociales. Justo cuando había que desarrollar esas dos últimas disposiciones, las diputaciones dejaron de recaudar unos 2.200 millones en 2009, lo que representa una caída aproximada del 17%.

Trabajo de ‘cocina’

En este contexto, los encontronazos del gabinete de Patxi López con los gobiernos forales y, en menor medida, con Eudel desvían la atención del silencioso trabajo de ‘cocina’ que realizan las instituciones vascas para ajustar sus menguantes presupuestos al nuevo escenario legislativo de los servicios sociales, concebido en la anterior legislatura, en tiempos de bonanza económica, pero que hay que aplicar en medio de una crisis fiscal.

La misión de acercar posturas entre las administraciones, que se reparten las competencias sociales en Euskadi, ha recaído sobre un grupo de técnicos autonómicos, forales y municipales que se están reuniendo periódicamente para efectuar una minuciosa tarea. Primero definen una por una todas las prestaciones a las que tendrán derecho los ciudadanos, y luego establecen dónde estarán ubicados los servicios, cuánto costarán y cómo se pueden financiar (impuestos, copago, etc.)

Esos expertos trabajan con un ‘handicap’ descrito sucintamente a finales del pasado año por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao: «La vaca no va a dar leche suficiente». Y analizan cada tema con arreglo a los principios marcados por el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, quien abogó por un «debate serio» que se ventile al margen de «los medios de comunicación» y que desemboque en un «trabajo de colaboración». Esta última expresión, colaboración, también ha sido utilizada por la Diputación de Álava y aparece con frecuencia en las declaraciones de la consejera Idoia Mendia, a la sazón portavoz del Gobierno vasco, y de su homóloga de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que acaba de atajar un posible conflicto de competencias con los territorios históricos y Eudel a propósito de las inspecciones de los geriátricos, centros de día y otros servicios sociales.

Dos visiones

Sin embargo, el espíritu de cooperación de fondo no impide que PSE – EE y PNV intenten dibujar sobre la superficie algunos matices distintos sobre la política social. La controversia de los menores no acompañados, que incide sobre todo en Guipúzcoa, ha servido a los socialistas para desmarcarse del propósito del PNV de distribuir a esos adolescentes por cupos entre las comunidades, una propuesta que el Ejecutivo central había planteado hace un lustro como gesto solidario cuando Canarias estaba saturada de inmigrantes. En cambio, las instituciones forales se han mostrado reticentes al proyecto de la consejera Zabaleta de permitir que los extranjeros tutelados a punto de cumplir los 18 años tramiten la renta de garantía de ingresos y la prestación de vivienda.

En cualquier caso, la confrontación sólo ha durado una semana. Markel Olano y la consejera Mendia se apresuraron a darle carpetazo el pasado miércoles, en una comparecencia celebrada en San Sebastián, en la que ambos apelaron a la «responsabilidad» institucional. Lo cierto es que las tres diputaciones habían acusado a Mendia de «irresponsable» por haber recordado que algunos menores atendidos en establecimientos forales habían llegado a delinquir para no permanecer en esos centros, sino en dependencias cerradas o semicerradas del Servicio de Justicia Juvenil, dependiente del Departamento de Justicia.

No es el único frente que ha cerrado el Ejecutivo de Patxi López. Un día antes de que Mendia y Olano se reunieran en la capital guipuzcoana, el consejo de Gobierno aprobó el decreto de que regulará el órgano interinstitucional de los servicios sociales, un foro en el que tendrán voz las diputaciones y Eudel. La norma resumía el espíritu de cooperación que la consejería de Zabaleta pretende transmitir… hasta el próximo rifirrafe.