donostia. Una semana después, las aguas vuelven a su cauce. El Gobierno Vasco y la Diputación han entendido que la confrontación en materia de menores extranjeros sólo conduce a empeorar las cosas y han decidido trabajar coordinadamente. Para ello han acordado crear dos comisiones sobre justicia juvenil y menores tutelados. Así, establecerán a partir de ahora un grupo de trabajo con responsables políticos y técnicos de ambas instituciones para compartir datos e información que ayude a mejorar la atención. Una mesa de trabajo permitirá elaborar, del mismo modo, protocolos de actuación, algo que hasta ahora brillaba por su ausencia en la CAV. La propuesta nace con vocación de extenderse a Bizkaia y Álava.

Así lo anunciaron ayer la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, tras una reunión de urgencia celebrada en Donostia en la que se vieron las caras, además de los citados, la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, y el director foral de Infancia y Juventud, José Ignacio Insausti. Frente a ellos, el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, y la directora de Justicia del Gobierno Vasco, Marta Higueras.

Los portavoces comparecieron sonrientes al término de un encuentro que se prolongó por espacio de media ahora y sirvió para consensuar un documento que servirá de hoja de ruta. Caras relajadas y buenas maneras, en las antípodas de los semblantes mostrados en los últimos días tras un duro cruce de reproches y acusaciones. El propio Ararteko solicitó el martes a las instituciones que aparquen sus diferencias y estén a la altura.

quedarse en “la cárcel” La portavoz del Gobierno Vasco fue quien destapó la caja de los truenos la semana pasada al asegurar que hay menores que prefieren delinquir para continuar en el centro de reforma de Zumarraga (gestionado por Lakua) en vez de ser acogidos en recursos forales. Sus palabras eran, en toda regla, un ataque a la línea de flotación del modelo de atención de las diputaciones. Decir que prefieren ir a Zumarraga era avalar que optan por estar en la cárcel a ponerse en manos forales. La consejera se expresó en estos términos en una visita a dicho centro, a la que sólo fueron invitados medios de comunicación afines.

Las diputaciones no tardaron en reaccionar. Dolidas por estas gruesas manifestaciones, exigieron una rectificación de la consejera a quien tacharon de “ignorante en la materia”, así como de “irresponsable”, mientras que el diputado Olano solicitó un encuentro con carácter de urgencia, que tuvo lugar ayer. “Hemos adoptado un compromiso para salir de la confrontación, algo que nos exige la sociedad”, confesó el diputado general minutos después del encuentro, en un intento de hacer tabla rasa de lo ocurrido.

Olano admitió que “ha existido una polémica muy importante” de la que se han propuesto salir para crear un marco de colaboración estable. “Gracias a este nuevo documento se sientan las bases de futuro”, recalcó el diputado general.

Una semana ha transcurrido desde que prendiera la mecha y es evidente que ha sido necesario un trabajo de cocina previo durante estos días. Así lo confirmaban ayer fuentes del Departamento de Justicia y del Ejecutivo foral, dos instituciones que se cruzaron textos el lunes y martes para sentar las bases de una actuación concertada en la atención a menores extranjeros no acompañados. El Gobierno Vasco está convencido de que “los datos cantan” y funcionan mejor los centros que están bajo su gestión, pero ayer no era el día para seguir en esa línea. Mendia no hizo ninguna declaración al respecto.

tutela foral Durante su valoración del encuentro, Olano ensalzó el trabajo que se está desarrollando en los centros de acogida de Gipuzkoa. El territorio tutela en estos momentos a en torno a 120 menores extranjeros no acompañados y la mayor parte sigue un proceso de formación sin contratiempos.

Pero los términos del debate, al menos para las instituciones, se sitúan en otro terreno, en el de esos chavales que acumulan un número creciente de delitos que acaban desatando la alarma social. No es casualidad que las acusaciones de Mendia tuvieran lugar días después del motín provocado por seis menores en el centro de Elgeta, un recurso foral abierto en diciembre para chavales con graves problemas de conducta. Cinco de los arrestados fueron ingresados en el centro de reforma de Zumarraga, cuyas bondades resaltó la consejera.

Son menores, “un grupo muy reducido”, sometidos a tutela institucional que acaban pasando por la red de justicia juvenil en la medida que cometen delitos. Así, respecto a ellos, las dos instituciones están concernidas, la Diputación en el ámbito de la tutela y el Gobierno Vasco en el de la Justicia. Se trata de un terreno en el que, como expresó Mendia, “se solapaba” hasta ahora la actuación del Sistema de Justicia Juvenil y el de protección, esto es, del Gobierno Vasco y las diputaciones, un terreno en el que centrarán a partir de ahora esfuerzos para trabajar de manera coordinada.

La portavoz del Gobierno Vasco confesó que las dos instituciones “comparten la preocupación por los menores”, y aseguró que en el transcurso de la reunión se expusieron puntos de vista comunes. “Tenemos una zona perfectamente solapada donde ambos sistemas se cruzan y, por tanto, es necesario el trabajo en conjunto para compartir conocimientos y proyectos que redundan en beneficio de la sociedad”, expresó Mendia.

La consejera también apostó por poner el contador a cero y se mostró partidaria de iniciar una nueva relación institucional que hasta ahora ha brillado por su ausencia entre el Gobierno Vasco la Diputación, al menos, en lo que a los menores extranjeros no acompañados se refiere. “Es un tema que debe quedar al margen de todo tipo de polémicas”, proclamó la portavoz del Gobierno Vasco frente a una nutrida presencia mediática.