La polémica sobre la tutela de los menores extranjeros no acompañados ha terminado y, si la hay, todo quedará en casa. «Nada de polémicas y trabajo conjunto» es en resumidas cuentas la conclusión a la que llegaron ayer la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.
Ambos mantuvieron en la sede de la institución foral una reunión para aclarar unas cuantas cosas, después de que la pasada semana Mendia asegurara que algunos menores delinquen para eludir los centros de acogida de la Diputación y ser ingresados en el centro de internamiento de Zumarraga, dependiente del Gobierno Vasco. La refriega dialéctica abierta por estas declaraciones puso de manifiesto algo que ya se sabía pero casi nadie decía: la gestión de los centros de menores en el País Vasco no funciona como debería de funcionar.
La reunión se produjo un día después de que el Ararteko, Iñigo Lamarca, reclamara a las instituciones, en alusión a la polémica, que actúen con responsabilidad para no generar «alarma social» sobre los menores no acompañados que permanecen en centros de acogida.
Tras el encuentro, y como si hubieran atendido a la petición del Ararteko, Mendia y Olano comparecieron ante los medios de comunicación para dar cuenta de los resultados de la reunión, que quedaron plasmados en un documento titulado: ‘Acuerdo de colaboración y trabajo coordinado entre la Diputación foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco sobre menores a su cargo’. El texto aboga por desarrollar una serie de conceptos como espacios conjuntos, objetivos comunes, trabajo en equipo, clima de trabajo libre de desconfianzas y acordar intervenciones y estrategias conjuntas. La sola enumeración de estos objetivos parece reflejar implícitamente una serie de elementos que hasta ahora no existían. Y también parece un indicio de que al fin se va a empezar la casa desde los cimientos.
El acuerdo comienza con una declaración de principios: «La política social, en cualquiera de sus colectivos de actuación, exige ser un espacio de cooperación leal entre instituciones, agentes sociales y ciudadanía». Tras abogar por el diálogo y la colaboración, Gobierno Vasco y Diputación llegan a una conclusión fundamental: «Cada institución desde su ámbito tiene que dar ejemplo de responsabilidad y compromiso ante la sociedad, que exige que esta materia quede fuera de la confrontación política».
«Zozobra pública»
«Ante una cuestión que ha generado polémica y zozobra pública hemos optado por la vía de la responsabilidad y la colaboración. Hablamos de un colectivo que requiere la protección de la Administración en el sistema de protección de menores de la Diputación y en la red de justicia juvenil del Gobierno Vasco», afirmó Olano después del encuentro.
Y Mendia corroboró estas palabras al señalar que «la reunión ha dado buenos frutos». «Ambas instituciones compartimos la preocupación por los menores, nos preocupa el futuro de estos jóvenes», recalcó. La consejera indicó además uno de los puntos que han provocado durante años mayores conflictos entre las instituciones. «Tenemos una zona solapada donde ambos sistemas se cruzan y es necesaria la colaboración conjunta», aseguró.
La existencia de esta zona solapada se vislumbra en un párrafo del documento aprobado ayer en el que Gobierno Vasco y Diputación parecen ponerse de acuerdo para hacer autocrítica. Y lo hacen con una descripción de lo que ha venido funcionando hasta el momento en la red de atención a menores: «El sistema de justicia juvenil y el sistema de protección trabajan por y para el menor, dos sistemas que ya de por si resultan muy complejos, con un alto número de intervinientes en cada caso, con procesos administrativos en muchos casos muy largos y con poca costumbre de trabajar conjuntamente, pues si bien lo hacen a la vez, no siempre se propician espacios suficientes para el acuerdo y el diálogo».
Compromisos
En resumen, dos sistemas que buscan lo mismo pero no confluyen. Lograr que el trabajo sea conjunto es lo que intentarán las dos instituciones con el acuerdo que alcanzaron ayer. Gobierno Vasco y Diputación afirman por un lado «el compromiso de todas las instituciones implicadas en la defensa de los derechos de los menores».
Y ya en un plano algo más concreto, Mendia y Olano se comprometieron a establecer un grupo de trabajo de periodicidad semestral «entre los responsables políticos y técnicos», que actuará en el marco de la comisión de infancia y adolescencia de la CAV y cuyo ámbito deseable de participación sería el del conjunto institucional. Este grupo de trabajo estará dedicado al «análisis de la realidad que se atiende y comparte entre ambas instituciones».
El acuerdo prevé además la creación de un segundo grupo de trabajo conjunto que estará encargado de definir «cuáles son las necesidades de coordinación actualmente detectadas y establecer el cronograma de acciones a desarrollar y productos a elaborar, y la frecuencia de los encuentros». Lo que quiere decir que este grupo se encargará de cometidos como delimitar las funciones correspondientes a cada institución en la tutela de menores o valorar la continuidad de los programas educativos y formativos de los jóvenes.
También se constituirá una mesa de trabajo que elaborará protocolos de coordinación para la intervención conjunta en caso de que la competencia del Gobierno Vasco y la Diputación se solape.
La consejera de Justicia mostró su interés por extender este acuerdo a las diputaciones de Álava y Vizcaya con el fin de iniciar también con estas instituciones «un camino de colaboración formalizado». Mendia mostró en este sentido su interés por reunirse con los responsables forales de estos dos territorios.
Satisfacción de Hamaikabat
El acuerdo fue acogido con satisfacción por el presidente de Hamaikabat en Gipuzkoa, Martin Beramendi, quien recalcó que las políticas sociales «tienen que ser un espacio de cooperación leal entre instituciones, agentes sociales y ciudadanía; y deben ser las instituciones implicadas, cada una desde su ámbito, las que tienen que dar ejemplo de colaboración y compromiso». Beramendi criticó al PSE-EE, partido al que pidió que deje «los problemas más sensibles al margen de su obstinada actitud electoralista».