Muchos diputados sarkozystas soñaban con una Francia ideal en la que los policías echarían a correr detrás del 0,006% de mujeres francesas que llevan burka o velo integral islámico, para multarlas y meterlas en la cárcel. Pero el Consejo de Estado, máxima instancia jurídico – administrativa y asesor legal del Gobierno, les ha despertado con una ducha fría.

Ningún fundamento jurídico permite instaurar una prohibición global del velo integral en las calles; ni un supuesto deseo de proteger los derechos de la mujer ni un supuesto deseo de garantizar la seguridad, argumentó el Consejo de Estado.

Hablando claro: tras una misión parlamentaria sobre el velo integral que llevan unas 2.000 francesas, un nutrido grupo de parlamentarios exige una ley de prohibición total. No obstante, Fillon sabe que, si se convierte en responsable de una ley así, pronto podría verse condenado por la Corte Europea de Derechos Humanos por discriminación, y pasar a la Historia con esa etiqueta. De ahí que Fillon pidiera y no era una obligación un dictamen previo del Consejo de Estado.

El órgano consultivo ha sido tajante a la hora de frenar los ardores de los ultras del sarkozysmo. “Ningún fundamento jurídico parece lo suficientemente sólido como para justificar una prohibición general del velo integral como tal”, subrayan los expertos.

Por ejemplo, subraya el dictamen, para prohibir que una mujer enmascarada se lleve, a la salida de la escuela, a un niño que no es suyo, existe una ordenanza ministerial. Para impedir que, en Correos, una mujer con burka se lleve un giro bancario indebido, existe una nota de servicio. Para verificar la identidad de un votante, ya existe un artículo del Código Electoral.

En materia de sanciones, los expertos aconsejan que una mujer que no se quite el velo cuando debe hacerlo en una situación precisa, sólo sea sancionada con medidas de “mediación”, es decir visitas de un servicio social.