El Ararteko, Íñigo Lamarca, llamó ayer a la cautela y a la «responsabilidad» al Gobierno vasco y a las diputaciones, enzarzados en una nueva guerra dialéctica motivada esta vez por la atención a los menores inmigrantes que carecen de familia y que están bajo tutela foral. Lamarca admitió que la asistencia a este colectivo, en ocasiones problemático, es un asunto muy complejo, pero reclamó a las instituciones que «colaboren» para evitar que se avive la «alarma social». También dirigió este mensaje a la Administración del Estado, a la que pidió una mayor implicación en la materia pese a que se escapa de sus competencias.

Los problemas con los menores extranjeros no acompañados (llamados ‘menas’ por las siglas utilizadas en el sector de la intervención social) es una evidencia en Euskadi. A 31 de diciembre, según los datos del Ararteko, las tres diputaciones daban tutela a una cifra próxima a los «650 ó 700» menores, en su mayor parte de origen magrebí que llegaron a España solos, sin familiares. En la actualidad pueden ser algunos menos, en torno a 550. Grupos aislados de estos adolescentes han protagonizado episodios conflictivos en las localidades cercanas a los centros gestionados por las diputaciones donde residen, especialmente en Guipúzcoa.

La polémica se abonó la semana pasada con el último cruce de declaraciones. Desde el Ejecutivo vasco se censuró que las instituciones forales «desatienden» a los menores, que prefieren delinquir para ser así desviados a los complejos de régimen cerrado o de semilibertad del servicio de Justicia Juvenil, dependiente del Gobierno autónomo. Las diputaciones calificaron de «insulto» esta apreciación de la consejera de Justicia y portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, del PSE. «Son declaraciones extraordinariamente graves, dañinas y rayan lo indigno», le replicaron desde los tres servicios forales de Acción Social, en manos del PNV. Fue otro capítulo más en la cadena de desencuentros entre el Ejecutivo y las diputaciones, iniciada cuando los socialistas lograron la gestión del Gobierno autónomo.

El Ararteko llamó ayer a la «responsabilidad» a todas estas instituciones. Reconoció que la tutela de los menores no acompañados significa un problema de primera magnitud para las diputaciones, sobre todo porque atienden a un número de chavales sin parangón. Euskadi, una comunidad muy alejada de las principales vías de entrada de la inmigración, es la segunda que más menores extranjeros acoge, por detrás de Canarias. Madrid, donde se concentra un buen porcentaje de la inmigración residente en España, apenas atiende a un centenar de chavales, mientras que en el País Vasco rondan los 600. Pese a ello, Lamarca juzgó que la atención que se presta en los centros forales es «razonablemente buena en términos generales». No obstante, medió, presenta «aspectos manifiestamente mejorables».

Episodios conflictivos

Lamarca recordó los dos episodios más conflictivos, los que tuvieron lugar en Deba, un centro que la Diputación foral de Guipúzcoa terminó cerrando, y más recientemente en Elgeta. En el primer caso, asociaciones como SOS Racismo denunciaron que se vulneraban los derechos de los chavales, a quienes se infligían «malos tratos», un aspecto que la Diputación rechazó de plano. Los menores concentrados en el centro, los más conflictivos, protagonizaron diversas fugas que acababan invariablemente en delitos y fechorías. En Elgeta, los menores llegaron a amotinarse.

El titular de la oficina del Ararteko señaló que «más allá de los episodios conflictivos, el trabajo de las administraciones es razonablemente bueno», aunque consideró que deben mejorarse los programas de atención sobre aquellos menores que presentan «problemas de conducta», o incluso cuadros de trastorno de personalidad que pueden ser lógicos en una situación de desarraigo y supervivencia tan extrema. «Todo ello requiere de la colaboración estrecha entre las diputaciones y el Gobierno vasco». La alarma que destapa el enfrentamiento entre las instituciones, dijo Lamarca, «no beneficia al proceso de integración de los chicos ni a la convivencia social».

El Ararteko tuvo también un mensaje para la Administración del Estado, ya que Lamarca considera que podría jugar un papel mucho más «activo» en la coordinación de las comunidades autónomas aunque carezca de competencias específicas. El Defensor del Pueblo no cree en el sistema de cupos de menores por comunidad – como reclama el Parlamento vasco – , pero entiende que el Ejecutivo central podría hacer un mayor seguimiento para evitar desfases. El delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces, le replicó que, efectivamente, no es su «competencia».