Escasos días después de que el Parlamento aprobara una resolución en la que se pide crear cupos de menores extranjeros no acompañados por comunidades autónomas, el ararteko, Iñigo Lamarca, evitó posicionarse ayer en torno al debate, aunque pidió una mayor coordinación entre las tres provincias vascas y también entre las distintas comunidades.

Lamarca defendió que el Gobierno central debería “coordinar mejor y fomentar la colaboración entre las comunidades autónomas” para evitar que algunas, como Euskadi, tengan problemas para atender la alta demanda de menores extranjeros que registran. Según explicó, el País Vasco sólo está superado por Canarias en este aspecto. A pesar de que las competencias de inmigración son estatales, el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, salió al paso defendiendo que las de protección de menores están en manos de las diputaciones.

Lamarca presentó ayer el informe que remite al Parlamento cada año con su actividad, un estudio en el que uno de los apartados más importantes se dedica a los menores inmigrantes no acompañados. En él se detalla que en Euskadi existen a día de hoy entre 650 y 700 menores inmigrantes en los centros, aunque el registro que los identifica no funciona de la mejor manera, según dejó ver.

Según las respuestas de las tres diputaciones sobre sus centros de menores incluidas en el análisis, la preocupación se centra en la dificultad de responder a la demanda por ser ésta imprevisible y “absolutamente desproporcionada en relación a otras comunidades”, explican. Sin embargo, los datos muestran que, salvo en el caso de Álava – que ha sufrido un aumento del 450% en dos años – , las otras dos provincias no han registrado un incremento de casos, con un descenso en Vizcaya del 20%. Otra de las preocupaciones es la constatación de la edad de los jóvenes, por la “aparición de subsaharianos con pasaportes muy recientes que presentan una apariencia física que contrasta con los datos”. Ante esta duda, varios menores extranjeros han sido citados a testificar por falsificación de documentos en Álava.

El ararteko llamó a la responsabilidad institucional y pidió que se trate de reducir la “alarma social” generada en torno a estos menores. A lo largo de 2009 y en lo que va de 2010, los centros de Guipúzcoa y Álava han estado en el foco de atención – a principios de enero una veintena se fugó de un centro vitoriano y hace dos semanas hubo un altercado en un centro guipuzcoano – , mientras que desde Vizcaya informaron de una “ausencia casi completa de conflictividad”.

El informe critica que en Álava no se está tramitando la asunción de tutelas de menores desde “mayo o junio” del pasado año, no hay recursos suficientes para la emancipación cuando llegan a la mayoría de edad, hay menores desprotegidos y existen dudas sobre la voluntariedad de los documentos de “baja voluntaria”. En el caso de Guipúzcoa, se destaca la situación en la que se encuentra el centro Oilur de Deba, que recibió tres visitas de los técnicos en 2009 y se detectó que los jóvenes no podían salir, no tenían agua caliente, calefacción ni ropa adecuada, consumían drogas, no estaban empadronados, ni recibían formación. El ararteko subraya el hecho de que desde enero hasta octubre de 2009 abandonaron el trabajo en este centro 54 personas como un indicador de la situación que se vive en él. En Guipúzcoa, la Diputación ha dejado de cesar las tutelas de menores cuando estos desaparecían, ya que, según la Fiscalía, deben mantenerla aunque los menores extranjeros sean localizados en otras provincias. La información sobre los centros vizcaínos es menos exhaustiva, ya que estos no recibieron quejas y, por tanto, no fueron visitados por los técnicos del Defensor del Pueblo.