Desde 2008, Interior no ha registrado la salida de ningún cayuco cargado de inmigrantes desde la costa senegalesa. Las coloridas embarcaciones han quedado relegadas a su función tradicional: la pesca.

Los que zarpaban desde Senegal tardaban cerca de una semana en llegar a las Islas Canarias. Y con el aumento de los controles, debían alejarse más de 50 millas de tierra para no ser detectados por la vigilancia costera, lo que provocaba numerosos naufragios.

En 2006 se abrió la ruta marítima desde Senegal y se produjo la gran avalancha en Canarias. La llegada en masa de 31.678 personas sin recursos desbordó los servicios de atención. Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y los de menores no acompañados de las islas estuvieron desbordados durante meses. Miles de subsaharianos esperaron allí, hacinados, la repatriación a sus países o el traslado a la Península.

El año pasado llegaron al archipiélago 2.246 inmigrantes, mientras que en los dos primeros meses de 2010 sólo ha llegado una barca con cuatro africanos. Los pocos que se aventuran ahora a viajar a Canarias lo hacen desde Mauritania.

Para vigilar la llegada de embarcaciones, España cuenta con dos dispositivos policiales: el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX), financiada por la Unión Europea (UE). El primero también vigila la llegada de droga. En 2011 se extenderá el control a Pontevedra y Tarragona, para alcanzar los 20 dispositivos (seis en Andalucía, seis en Canarias y ocho en el resto de España). El FRONTEX ha duplicado recientemente su presupuesto, hasta los 24 millones de euros.

Las ONG critican que la UE esté dejando en manos de África el evitar que zarpen las barcas, a cambio de ayudas a la cooperación y sin incluir cláusulas de respeto a los derechos humanos en los acuerdos.