El Gobierno Vasco excluirá temporalmente de la renta de garantía de ingresos (RGI), un subsidio de hasta 650 euros al mes en doce pagas, a los jóvenes inmigrantes no acompañados que acaban de cumplir 18 años y que deben abandonar los centros de acogida de las diputaciones sin medios de vida. Aunque el futuro decreto de la RGI, que se aprobará en abril, incluirá a esas personas entre las que podrán recibir la prestación económica, no empezarán a recibir el dinero durante esta primavera, sino que tendrán que esperar al menos hasta finales de año, pues el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales quiere diseñar primero los planes de inserción que esos jóvenes algo más de 300 en Euskadi habrán de cumplir para cobrar la ayuda.
Los menores tutelados por las instituciones forales en su gran mayoría magrebíes, pero también nacionales forman un grupo muy reducido de potenciales beneficiarios de la RGI si se compara con todos los perceptores, que a finales del pasado año ascendían a 50.000 en el País Vasco. A pesar de ello, la idea de reconocerles el subsidio (la antigua renta básica) ha sido fuertemente contestada por las diputaciones, que han desarrollado sus propios programas de emancipación para los adolescentes que son atendidos en sus establecimientos. Los gobiernos forales, que a fin de cuentas son los que aprueban o deniegan la renta básica en sus respectivos territorios, temen que ese dinero, sumado a otra prestación de 250 euros mensuales para el alquiler, atraiga a más muchachos extranjeros al País Vasco con la expectativa de cobrar en el futuro, y sature sus centros de menores, que son escenario de frecuentes incidentes, el último en el centro de Elgeta.
Sin embargo, el Gobierno Vasco discrepa de ese punto de vista. Según el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, las ayudas sociales no tienen realmente un ‘efecto llamada’, pues «la experiencia demuestra que las personas se desplazan allí donde hay trabajo». Fantova recuerda, además, que el nuevo decreto de la RGI no va a extender ese subsidio específicamente a los jóvenes inmigrantes, sino que en general lo ampliará a todos los individuos de 18 a 23 años, sean españoles o no, que estén empadronados en Euskadi durante al menos doce meses y que se encuentren «en una situación excepcional»; por ejemplo, los huérfanos y los casados.
Algo a cambio
En realidad, la renta básica está concebida esencialmente para mayores de 23 años, ahora por un máximo de 24 meses, si bien algunos ciudadanos con menos edad la han estado cobrando desde la anterior legislatura, unas veces de forma íntegra y otras parcial, como complementos de sueldos muy bajos.
No obstante, como ha llegado el momento de adaptar ese subsidio a la legislación de 2008, a través del decreto de la RGI, la consejería de Zabaleta cree que, por una cuestión de «principios», el dinero público debe llegar también a los jóvenes inmigrantes no acompañados. Ahora bien, debido a la reticencia de las diputaciones, ha decidido extremar el celo con ellos, de tal manera que, antes de que cobren un euro, les exigirá comprometerse por escrito a estudiar, aprender un oficio y, llegado el caso, ponerse a trabajar. Si no cumplen, la ayuda se cortará.
De ese modo, mientras los actuales perceptores de la renta básica no han tenido que firmar nada para cobrar, aunque sí lo deberán hacer más adelante, los inmigrantes que han vivido bajo tutela foral, y que ahora frisan los 18 años, sólo podrán tramitar la ayuda cuando estén perfilados sus programas de inserción laboral y estén preparados los mecanismos para verificar su cumplimiento, lo que no ocurrirá antes del próximo otoño. Para ello, el Gobierno Vasco tendrá que elaborar otro decreto sobre convenios de inclusión, cuyo propósito es que nadie reciba recursos públicos sin ofrecer una contrapartida y sin ser controlado por los servicios sociales de base y la Agencia Vasca de Empleo (Lanbide).
Entre tanto, el decreto de RGI previsto para abril dejará establecido expresamente que, cuando un menor de un centro foral esté cerca de cumplir los 18 años, deberá firmar un programa de inserción para acceder a la renta básica a partir de la mayoría de edad. De forma paralela, el Departamento de Asuntos Sociales desarrollará un programa piloto para coordinar los recursos del Gobierno vasco y de las diputaciones cuando ese joven se emancipe. En la actualidad, de los más de 300 chicos que han dejado de ser tutelados y que podrían acogerse a la RGI, la mitad, simplemente no se sabe qué hace ni dónde está.