La operación Java, el golpe policial que ha permitido la detención de 70 presuntos mafiosos del este en al menos seis países europeos, es una actuación de envergadura de la que cabe estar especialmente satisfechos. Porque es una buena muestra de la eficaz coordinación de esfuerzos de los estados en la lucha contra el crimen organizado, uno de los mayores riesgos para las sociedades democráticas. No han sido frecuentes hasta ahora este tipo de operaciones transnacionales a gran escala, pero son cada vez más necesarias. En un mundo globalizado, también los delincuentes han internacionalizado su actividad criminal, lo que obliga a que la respuesta de los gobiernos sea necesariamente conjunta.
El hecho de que haya sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha coordinado las investigaciones es un dato que revela la confianza de las autoridades de otros países europeos en las españolas en cuanto a la voluntad de perseguir este tipo de organizaciones mafiosas. Tan importante es este hecho como inquietante el de que –aunque las ramificaciones de la trama alcanzaban a media Europa– nuestro país es el lugar desde el que los mafiosos dirigían sus actividades, y, ajustando más el foco, que Barcelona es donde ha habido más detenidos, 15.
La operación Java es la tercera de gran envergadura contra las mafias del este en España tras la Avispa (en el 2005) y la Troika (en el 2008). Ahora toca actuar a la justicia. Y es de esperar que esté a la altura del desafío y no incurra en incongruencias como la de dejar en libertad bajo fianza al jefe mafioso del golpe del 2005 porque se demora la sentencia del juicio, celebrado en noviembre. El reto es demasiado importante como para actuar con frivolidad.