La operación desarrollada contra una trama mafiosa compuesta por personas de origen georgiano, armenio o ruso, y que ha supuesto 24 detenciones en España y 45 en otros países europeos, trata de atajar la extensión de una nueva red de extorsión y blanqueo de dinero que creía haber encontrado en este país un lugar idóneo para efectuar sus inversiones. Es probable que la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska se hayan querido adelantar así a las consecuencias que podría acarrear la puesta en libertad provisional de los capos detenidos en las operaciones ‘Avispa’ y ‘Troika’, entre ellos Alexander Kalashov y Gennadios Petrov, cuya reciente salida de prisión tras hacer frente a fianzas de entre 300.000 y 600.000 euros resulta cuando menos inquietante. Todo parece indicar que la trama desarticulada en la operación ‘Java’ constituía una franquicia no especialmente opulenta, pero dispuesta a extender sus tentáculos por la geografía española hasta lograr la exclusividad de este país frente a las intenciones de otras redes de similar origen. La relación indiciaria de las inversiones que hayan podido realizar hasta la fecha, y de aquellas otras que hubiesen previsto emprender, no sólo permitirá dibujar el mapa de prioridades y estratagemas con las que actuaba. Será también importante para adoptar medidas preventivas y de advertencia hacia los sectores de la economía que atraen preferentemente las operaciones de blanqueo del dinero proveniente del crimen organizado. Aunque más difícil tendrán los investigadores precisar si la red desarticulada ocupaba un lugar determinado en una hipotética pirámide de la extorsión, o si actuaba por iniciativa propia, aun manteniendo vínculos de colaboración e incluso de cierto vasallaje respecto a otras. Es posible que la información y los testimonios obtenidos en la operación ‘Java’ arrojen luz sobre el pasado más reciente de este tipo de mafias en la península, e incluso sobre los procesos abiertos a raíz de las operaciones ‘Avispa’ y ‘Troika’. Pero en cualquier caso, y coincidiendo con la vista oral del caso ‘Ballena Blanca’, las 69 detenciones envían el inequívoco mensaje de que España no puede ser considerado por las tramas del blanqueo de dinero como un espacio de impunidad para sus actividades.