Agentes de Policía Nacional han detenido en Toledo a un empresario de 39 años acusado de tener empleados en su empresa a siete trabajadores extranjeros en situación irregular y a otros veinte sin seguridad social y sin contrato de trabajo.

El detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores es Freddy Armen C. D., de 39 años y de origen colombiano, que tenía una empresa de manipulados ubicada en una localidad de Toledo, que estaba vinculada con otras del sector asentadas en Alcorcón (Madrid), según refleja una nota de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid

Todos los empleados estaban sometidos a duras condiciones laborales ya que cobraban un salario muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, entre 200 y 500 euros mensuales, trabajando un elevado número de horas.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones recibidas por el Grupo X de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación relacionadas con la presunta contratación de ciudadanos extranjeros en situación irregular por parte de un empresario, añade la nota.

Según los primeros datos, los investigadores realizaron sucesivas vigilancias de dos naves industriales que la empresa tenía en Toledo hasta constatar la existencia de ciudadanos de diversas nacionalidades que acudían a diario a trabajar a dichas naves, en las que manipulaban y confeccionaban material publicitario para distintas firmas comerciales.

Una vez se cercioraron de que varios ciudadanos en situación irregular trabajaban en el establecimiento, los agentes realizaron una inspección con la colaboración de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid y detuvieron a siete empleados de la empresa por infracción a la Ley de Extranjería.

Durante dicha actuación policial, los agentes identificaron a otros 21 trabajadores, de los cuales sólo la encargada estaba contratada y dada de alta en la Seguridad Social, otros nueve disponían únicamente de permiso de residencia, pero no de trabajo, y los once restantes carecían de contrato y alta en la Seguridad Social pese a disponer de permiso de residencia y trabajo.

Se arrestó entonces al empresario, responsable de la gestión del establecimiento, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Los investigadores, tras interrogar a los trabajadores, pudieron certificar las duras condiciones laborales en las que estaban, pues no solo cobraban cifras mensuales muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, sino que, además, se veían impelidos a trabajar un elevado número de horas diarias tanto en la nave industrial como desde sus respectivos domicilios.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo X de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con sus homólogos de Toledo y funcionarios de la Inspección de Trabajo.