FIDEL MASREAL / BARCELONA
PATRICIA MARTÍN / MADRID

El escándalo generado cuando el alcalde de Vic anunció, el pasado enero, que pretendía impedir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular, puso sobre la mesa un problema de fondo: la falta de un criterio claro y unificado sobre cómo comprobar que la persona que presenta la solicitud reside efectivamente en esa vivienda. El Gobierno, que sigue manteniendo que todo ciudadano, indocumentado o no, tiene derecho y el deber de empadronarse donde vive, está dispuesto a «clarificar» algunas cosas y, de paso, evitar situaciones de hacinamiento como las de los denominados pisos patera.
Pese a que, tras la controversia de Vic, el Ejecutivo dio un portazo a debatir sobre inmigración y empadronamiento, como le reclamaron partidos como el PP y CiU, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió ayer públicamente que el Ejecutivo está trabajando en una reforma legislativa que ofrezca a los ayuntamientos una guía clara de cómo actuar.

LA CONFUSIÓN / Zapatero, sin embargo, contribuyó a generar una cierta confusión al enmarcar la nueva regulación en el despliegue de la recién aprobada ley de extranjería. Según expuso en el Congreso, se está impulsando «con rapidez» el reglamento de la ley, que deberá «clarificar algunas cosas y, desde luego, todo lo que afecta al padrón».
Esta respuesta sorprendió a los expertos e incluso a algunos miembros del Gobierno. Lo lógico, según fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, CiU o Comisiones Obreras, sería concretar las nuevas normas en la nueva ley del gobierno y la administración local, como así está tratando de perfilar el Ministerio de Política Territorial.
En este sentido, en el borrador del anteproyecto de esta última reforma señala que hay que dar una «mayor coherencia» a la realidad y las cifras que arroja el padrón, que además sirve para elaborar el censo. Para ello propone «evitar empadronamientos masivos en un domicilio». Fuentes del ministerio de Chaves subrayan que la iniciativa no solo obedece al intento de combatir los pisos pateras sino también al propósito de evitar el fraude electoral.

EL RELEVO / Por todo ello, es previsible que el reglamento de extranjería solo regule aspectos colaterales o complementarios. Además, en este ámbito se ha producido recientemente el relevo al frente de la secretaría de Estado, con lo que la regulación es probable que todavía esté en una fase preliminar.
Uno de los detonantes de la problemática fue Badalona y las situaciones de elevada tensión social que se produjeron en el año 2007, con protestas vecinales por la sobreocupación de viviendas, llegándose a casos en los que decenas de personas ocupaban un mismo piso en el barrio de la Salut. Ya entonces las administraciones locales pidieron una regulación clara que les permita actuar en estos casos.