LA confirmación judicial de que al menos una de las reuniones del grupo violento Falange y Tradición, al que se le imputan diecinueve delitos, se realizó en las instalaciones del Centro Deportivo General Mola de Iruñea, cuya propiedad y gestión ostenta el Ministerio de Defensa, evidencia una vez más las estrechas relaciones que la ideología más ultraderechista mantiene con y en determinados ámbitos del Ejército español ante la inacción al respecto de los sucesivos gobiernos del Estado durante las más de tres décadas transcurridas desde el fin del franquismo. La misma persistencia del nombre del club, de uso restringido a militares y sus familias, es una prueba de esa permivisidad por cuanto aún incumple, dos años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el art. 15 de la misma por el que se conmina a las administraciones públicas a retirar todas las menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura. Dicha excesiva tolerancia hacia quienes, dentro del Ejército, comparten una ideología contraria al art. 8 de la Constitución por el que corresponde al Ejército “garantizar el orden constitucional” y obvian la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que les obliga a proteger el “Estado democrático de derecho” y “el pleno ejercicio de los derechos y libertades” se constata una vez más ahora en la ausencia de reacción gubernamental el Ministerio de Defensa que dirige Carme Chacón se negó ayer a valorar un hecho que le compete y afecta ante el sumario que la juez María Paz Benito Osés ha trasladado al Tribunal Supremo y en el que se detalla la celebración de la cita en las instalaciones del Ministerio de Defensa sitas en Iruñea y la pertenencia al Ejército, como soldado profesional, de uno de los cinco imputados. Que deba ser el parlamentario nacionalista José Ramón Beloki quien presente una interpelación a la ministra para tratar de conocer si Defensa tiene prevista alguna actuación al respecto de un hecho que sería gravísimo en cualquier país democrático pero que el Gobierno socialista, al parecer, trata de ocultar o minimizar; no hace sino confirmar la idea de que los complejos derivados de la transición siguen limitando la calidad de la democracia española, tal y como se evidencia también en otros campos que afectan a derechos colectivos e individuales y que implican a todos los poderes del Estado, desde el Ejecutivo al Legislativo. Al respecto de este último, la propia causa seguida contra Falange y Tradición, con aquel primer sobreseimiento provisional por la Audiencia Nacional, da pie a sospechar que la relación de la ideología ultra con el Ejército tiene también su extensión a una Judicatura que juzga y sentencia actos delictivos similares con distintas balanzas en virtud de la adscripción ideológica de quienes los protagonizan.