vitoria. El portavoz de SOS Racismo en Álava, Fede García, incidió ayer en el sensible tema de la acogida de menores extranjeros y arremetió contra el modelo escogido por la Diputación para la gestión de Zabaltzen. García considera que el edificio de la Cruz Roja es una instalación de “acumulación de jóvenes inmigrantes mal atendidos” y por ello exigió una mayor inversión al ente foral que garantizar la prestación de un servicio adecuado.

La diputada de Bienestar Social, Covadonga Solaguren libra una auténtica batalla cada vez que la polémica sobre el centro de menores extranjeros sobrevuela la actualidad local. Hace un mes la Fiscalía pidió a la Diputación explicaciones sobre su funcionamiento después de que agentes de la policía hallasen en la calle a dos jóvenes que no tuvieron cobijo en el mismo. La Fiscalía ha cerrado ese frente después de que la Diputación ofreciera “explicaciones satisfactorias” sobre lo sucedido con los dos menores y ha archivado los expedientes abiertos, según constató ayer el fiscal jefe, Josu Izaguirre.

Las obras del nuevo centro de acogida de Molinuevo siguen adelante envueltas también en la controversia por los retrasos acumulados y por las últimas declaraciones de Covadonga Solaguren, quien dijo no tener “una premura excesiva” en inaugurarlo. Una afirmación que pone de manifiesto de forma implícita lo delicado que es el tema y la necesidad de medir los pasos e incluso los silencios.

SOS Racismo, agente activo por su implicación en la lucha contra el drama de la inmigración ilegal, cumplió ayer su labor de marcaje a las instituciones en una rueda de prensa. “Hace falta un nuevo servicio bien atendido, no como el actual”, sentenció Fede García.

presión vecinal El portavoz de SOS Racismo exigió firmeza a la Diputación a la hora de decidir la ubicación y gestión de estas infraestructuras. En su opinión, el ente foral peca de “excesiva vulnerabilidad” por ser demasiado permeable a la presión vecinal. “Cuando va a construir una carretera o una autopista, no consulta con los expropiados. Expropia y punto. Pero cuando tiene que abrir un centro para menores extranjeros, tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía”, manifestó.

García considera que también existe un problema económico y que es vital destinar una partida más amplia a este servicio. Incluso planteó la posibilidad de que se construyan varios centros de acogida si es necesario para proporcionar un servicio de calidad.

Además recordó que la responsabilidad de asignar ubicación recae exclusivamente en la Diputación. “El Estado firma convenios de protección de los derechos del menor y la Diputación tiene la obligación de gestionar adecuadamente los centros. Si no quieren asumir ese rol señaló, que se borren de los acuerdos, pero si los han firmado, que se cumplan y que no tenga mayor consideración la opinión del vecino del quinto que la cobertura necesaria a un menor desasistido”.

García rescató una de las reivindicaciones históricas de SOS Racismo, la puesta en marcha por parte de las administraciones de un centro de acogida temporal para inmigrantes. Un servicio gestionado a tres bandas entre el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco que responda cuestiones tales como el empadronamiento, la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), la renovación del permiso de residencia o trabajo, las pernoctaciones y la manutención.