Donostia. En una puesta en escena sin precedentes, una treintena de educadores de menores extranjeros no acompañados que representan a todo el sector en Gipuzkoa rompieron ayer su silencio para mostrar su “hartazgo” por las constantes acusaciones que vienen recibiendo desde SOS Racismo, organización de la que dijeron utiliza todos los medios a su alcance para “socavar” el trabajo que realizan en los centros de acogida.

En un rifirrafe dialéctico que parece no tener fin entre la Diputación y esta ONG, los educadores terciaron ayer para desmentir el contenido del informe hecho público la semana pasada por SOS Racismo, que denunciaba “malos tratos” y “vulneraciones de derechos” sufridas de manera sistemática por los menores del centro de Deba, en el epicentro de la controversia desde el mismo día que se puso en marcha, y actualmente cerrado por reformas.

El responsable de menores del grupo Urgatzi, Mikel Lizarralde, que gestiona este centro, aseguró que siempre se han mostrado reacios a aparecer en los medios de comunicación porque entienden que perjudica su labor diaria, pero que en esta ocasión han hecho una excepción “por primera y única vez” para aclarar la situación. Le acompañaban, entre otros, José Ignacio Insausti, director de Infancia y Juventud de la Diputación; Agurtzane García, directora pedagógica de la empresa Urgatzi Babesten, y Yolanda Pérez, jefa de sección del acogimiento residencial del Ejecutivo Foral. Así, Lizarralde dio lectura a un comunicado en el que aseguró que “jamás hubo situaciones de maltrato a los menores” del centro de Endoia, que impulsó la Diputación hace un año para acoger a los menores extranjeros con problemas de conducta más graves. Desmintió así cualquier tipo de abuso, y sí recalcó que “las situaciones de amenaza, agresión e insulto de los usuarios eran continuas y reiteradas”, aspecto que lamentaron no haber visto reflejado en el citado informe.

Los educadores defendieron su gestión y consideraron que el centro de Endoia ha cumplido “con buenos resultados” la función encomendada. “Todos hemos hecho el mejor trabajo posible con la difícil población que atendíamos, poniendo en riesgo y en múltiples ocasiones nuestra integridad física”, denunció Lizarralde, que consideró “una falta a su dignidad como personas y profesionales” cualquier insinuación de maltrato.

Responsabilidades El portavoz de los 250 educadores que en estos momentos atienden a los 125 menores extranjeros acogidos se mostró molesto por la constante apelación de SOS Racismo a los “legítimos derechos de los menores”, olvidando que “el ejercicio de los derechos debe suponer también la asunción de las debidas responsabilidades”.

Los profesionales del sector están convencidos de que las actitudes de entidades ajenas al centro – entre las que se encuentra SOS Racismo – , trasladando continuamente a los medios de comunicación la actividad que desarrollan, “ha sido un factor determinante” para que estos menores sean situados en el disparadero. En ese sentido, reclamaron a la ONG que en vez de hablar de un programa ya superado en su primera fase, como es el del centro de Deba, realice la propuesta de medidas educativas concretas que sirvan para concienciar, responsabilizar y reparar la conductas agresivas de los menores con graves problemas de conducta. Lizarralde adelantó que a partir de ahora acudirán a los tribunales “para identificar a los supuestos educadores” que denuncian malas prácticas y “no dan la cara”.

Lizarralde compareció junto a José Ignacio Insausti, director general de Infancia y Juventud de la Diputación, quien denunció “los muchos infundios, continuados y constantes” de algunos integrantes de SOS Racismo al cuestionar el papel de los educadores. “Ahí es el momento en el que desde la Diputación de Gipuzkoa decimos basta. Nuestro trabajo es proteger a los menores y apoyar a los educadores que realizan su trabajo”, declaró Insausti en un intento de arropar al sector.

A partir de ahí, se dedicó a desmentir la información “errónea y parcial” que traslada la ONG, y recordó que el centro de Endoia nació como recurso para un colectivo que acumulaba numerosos delitos y faltas. Los contratiempos y los problemas para trabajar fueron constantes, e Inasusti, como ha repetido en tantas otras ocasiones, recalcó que el fin de un programa especializado que atiende estos perfiles se centra en un primer momento “en recuperar a la persona” antes que buscar otros objetivos educativos, por lo que justificó la idoneidad de aislarlos del entorno para poder encauzar su situación.

Reconducir los problemas Agur – tzane García, directora pedagógica de la empresa Urgatzi Babesten, aseguró que gracias al programa impulsado en el centro de Deba “se ha podido trabajar de manera directa” sobre los problemas que arrastraban estos chavales y, gracias a ello, “muchos de ellos han reconducido su situación”.

En el caso de quienes no lo han logrado, Insausti dejó caer que quizá se vieron condicionados. “La no aceptación de deberes es lo que motivó los problemas, denunciados en los juzgados por alguien que les empujó”, censuró, en alusión a SOS Racismo.

El director de Infancia expuso varios ejemplos con los que desmintió las acusaciones de la ONG. Así, aseguró que es falso que a los chavales se les sirviera fría la comida. “Tenían un horario para acudir, pero si no lo respetan, los educadores no son ni camareros ni colegas”, censuró.

Insausti se preguntó sobre quién estuvo tras las fugas que tuvieron lugar del centro de Deba: “Alguien debería explicarlo, con quién estuvieron estos menores”. Tal y como repitió en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia, finalizó diciendo que “somos muchos, bien avenidos, y trabajamos en la red sabiendo los objetivos”.