Donostia. SOS Racismo calificó de “lamentable” la puesta en escena por parte de la empresa que gestiona el centro Oilur de Deba. La ONG entiende que se ha presionado a sus trabajadores para que den la cara en la rueda de prensa celebrada ayer. Una táctica “muy vieja” que no puede ocultar que hay educadores y auxiliares “que han dejado su puesto” en este centro por “resultarles inadmisibles” las condiciones en las que hacían su trabajo, según censuró ayer SOS Racismo mediante un comunicado.

La asociación, en respuesta a las declaraciones de la Diputación y los educadores, aseguró que en toda la intervención que tuvo lugar ayer “no se rebate ninguno de los hechos centrales” que se recogen, de forma documentada, en el informe de SOS Racismo sobre el centro de Oilur.

A su entender, tampoco se desmienten las críticas de fondo realizadas desde el Ararteko y la Fiscalía. En concreto, se refieren al acceso a la educación y la formación reglada, a un programa individualizado de apoyo y al derecho a ser oído y opinar, “recogidos en la ley y que no pueden ser vulnerados amparándose en la conflictividad”.

Los integrantes de SOS Racismo no entienden que se llegue a calificar con un buen resultado el trabajo realizado en el centro. “Al reivindicar semejante gestión, muestran que es más necesaria que nunca” la intervención de esta asociación, así como la del resto de entidades encargadas de velar por los derechos de estos menores.

SOS Racismo cree que el servicio que explota este tipo de centros tiene que ser “público” y no gestionado por empresas privadas.

La figura del educador Para los integrantes de SOS Racismo, presentarles como descalificadores del conjunto de trabajadores “es algo tan falso que sólo se sostiene por quien, al no tener argumentos, trata de motivar la solidaridad de grupo”.

La asociación recaló que siempre ha resaltado la figura del educador como clave para el trabajo con los menores. “Siempre hemos reclamado de Diputación que se les dote de los recursos necesarios para poder hacer su labor. Venimos hace tiempo ofreciendo herramientas de intervención para dicho colectivo. Siempre hemos dicho, y en el informe se recoge, que ellos y ellas también forman parte del colectivo perjudicado por la actuación y directrices de la Dirección de Infancia y de la empresa que gestiona Oilur. Todo el informe se refiere, exclusivamente, a la gestión del centro de Oilur. Y todos los educadores y educadoras que han pasado por Oilur en tan breve tiempo y lo han dejado son la confirmación meridiana de ello”, resaltan.

La asociación aseguró por activa y por pasiva que siempre ha mantenido que los derechos no pueden condicionarse al cumplimiento de los deberes, y que el respeto a esos derechos es la única vía para poder educar a los menores en la necesidad e importancia de que asuman sus deberes y obligaciones.

“Es obvio que nos preocupa gravemente que algunos menores no sean capaces de asumir sus deberes, ya que ello les va a imposibilitar su andadura independiente a partir de la mayoría de edad y pueden lesionar los derechos de otras personas, que han de ser respetados. Es lo que siempre hemos mantenido”, admiten.