La Diputación foral de Guipúzcoa y educadores de centros de acogida de menores extranjeros acusaron ayer a SOS Racismo de verter “calumnias” y ofrecer una información “parcial, manipulada y errónea” sobre el trato recibido por estos jóvenes en el centro Endoia de Deba, actualmente cerrado por reformas.

El director foral de Infancia y Juventud, Joxi Insausti, compareció en San Sebastián junto una treintena de educadores para rebatir el informe presentado la semana pasado por SOS Racismo relación con el Programa especial de emergencias para menores extranjeros conflictivos. Según esta asociación, los jóvenes atendidos en Endoia sufrieron malos tratos y vieron vulnerados derechos como el acceso a la educación reglada.

Joxi Insausti replicó que el programa, que atendía a más de 30 menores, “ha generado buenos resultados” y, hoy, sólo cuatro sufren una problemática grave. Argumentó que estos chavales sufren conductas “altamente disruptivas” que, primero, necesitan una atención dirigida a “tratar su personalidad” que, una vez recuperados, se apoya en “acciones educativas”. El responsable foral acusó a la ONG de “entorpecer” el trabajo de los educadores, de no comunicar el paradero de menores fugados – hecho denunciante ante la Justicia – y de rechazar un ofrecimiento de la Diputación para colaborar en la atención de estos jóvenes.

Por su parte, Mikel Lizarralde, responsable del Programa de Menores Extranjeros que desarrolla la empresa Babesten, leyó un comunicado firmado por 14 educadores de Endoia – no lo suscriben tres – en el que aseguran que “jamás hubo situaciones de maltrato”, Los trabajadores insisten en que hicieron el mejor trabajo posible “poniendo en serio riesgo y en múltiples ocasiones su integridad física”, porque “las situaciones de amenaza, agresión e insulto” por parte de los menores “eran continuas”.

En su opinión, SOS Racismo olvida que el ejercicio de derechos debe suponer también la asunción de responsabilidades. “Estas obligaciones se deben enseñar y educar en ellas. Ese es un trabajo duro, más cuando estos menores vienen con problemas de base derivados de la falta de un entorno familiar estable”, añaden. Opinan que la actitud de la ONG ha sido un factor determinante para que los chicos “sean situados en el disparadero”.

SOS Racismo replicó que la Diputación no ha rebatido sus acusaciones, las del Ararteko y el Fiscal. Insistió en que los derechos no se pueden incumplir “amparándose en el perfil” de algunos menores.